El esfuerzo del profesorado o la red de orientación por prevenir o intervenir ante situaciones difíciles del alumnado, personales o emocionales, es evidente, sobre todo si deben hacerlo sin formación ni recursos; o, más grave aún, son un plan estatal de salud mental y bienestar de la comunidad educativa que garantice una inversión suficiente.
El sindicato ha planteado propuestas y exigido incrementos de recursos educativos y sociales para atender estos derechos fundamentales. Una bajada de ratios generalizada ayudaría, pero además debe plantearse que esta sea más intensa cuando el perfil del alumnado de un aula concreta así lo recomiende. También hemos exigido un refortalecimiento de la red de orientación y dotar a cada centro de un cupo más para atender las funciones de coordinación de bienestar y protección en la infancia. Además, pedimos equipos de coordinación y referencia en el ámbito de la sanidad pública que atiendan de forma preferente y específica a los centros educativos, con procedimientos ágiles y claros, reducción de horas lectivas para intensificar la acción y la función tutoriales, la atención más individualizada del alumnado y sus familias, una mayor inversión en formación, entre otros.
Entendemos que todo esto no puede quedar al albur de la voluntad política o de la coyuntura económica, y por ello hemos exigido al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) una norma básica que contemple y garantice la inversión suficiente. En este sentido, a propuesta de CCOO, el Ministerio se comprometió a la negociación y elaboración de un plan de salud mental y bienestar que se incluirá en el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, llegando a este compromiso en el pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia donde están presentes organizaciones sindicales, de familias, de estudiantes y las CC. AA.
Desde CCOO celebramos que nuestro trabajo y nuestras propuestas sirvan de base para avanzar y mejorar la realidad de la comunidad educativa. Sin embargo, somos muy conscientes de que los compromisos tienen que hacerse realidad. Por ello, no bajaremos la guardia hasta que se garantice que los centros cuenten con los recursos suficientes para responder adecuadamente a las dificultades de la comunidad educativa, y se asegure la intervención y coordinación con las demás instituciones públicas.
Esta cuestión es central. Por ello, las actuaciones para convertir los centros educativos en lugares de seguridad, paz y convivencia de toda la comunidad educativa son un elemento principal en nuestras reivindicaciones.
