CCOO ha reclamado la existencia de un ámbito de negociación formal, pero el Ministerio de Universidades se refugia en su incapacidad para convencer de la legitimidad de la mesa de negociación a otros ministerios, en concreto el de Hacienda y Función Pública, mientras sigue haciendo lo que quiere, relegando a los sindicatos representativos a los espacios de participación pública para la ciudadanía.
El Ministerio de Universidades está modificando cualitativamente las condiciones de trabajo al presentar un borrador de Real Decreto que establece ámbitos de conocimiento a efectos de adscripción de los puestos de trabajo del profesorado universitario, totalmente incoherente con los procesos de evaluación y acreditación así como del concurso de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario o laboral permanente, complementado con otro borrador de Real Decreto que regula la organización de los departamentos universitarios, para establecer su tamaño mínimo (35-50 profesores doctores a tiempo completo).
Ambos reales decretos tienen un importante impacto negativo en la autonomía universitaria, ya que interfieren con la organización estructural de las universidades, limitan la participación democrática del personal en uno de los órganos colegiados más cercanos, el consejo de departamento, y suponen una grave injerencia en la función actual de estos organismos.
Las universidades públicas, inmersas ya por la propia LOSU en una vorágine de cambios –que contemplan desde nuevos estatutos hasta la modificación de figuras de profesorado y desarrollo de carrera profesional del personal técnico de gestión y administración de servicios–, parecen verse aún más tensionadas con las modificaciones que intenta introducir el Ministerio sobre departamentos y ámbitos de conocimiento, que pretende que estén finalizadas antes incluso de que se publiquen los nuevos estatutos de cada universidad.
CCOO cree que el Ministerio intenta imponer por la puerta de atrás, sin debate ni diálogo, un nuevo modelo de Universidad pública a través de los desarrollos normativos adicionales a la LOSU, que suponen graves injerencias en la autonomía universitaria y que avanzan en la implantación de un modelo gerencial de gobernanza y gestión para las universidades públicas, contrario al defendido por nuestra organización, que apuesta por la democratización y buen gobierno de las universidades.
