El principal cambio fue la modificación de antiguas licenciaturas, al modelo de grado y máster (que ha encarecido los precios de los estudios, haciendo de la educación un negocio y no un derecho), pero, a su vez, trajo la configuración de un currículo académico en el que había que poner en práctica el conocimiento teórico o, al menos, esa era la excusa.
Lo cierto es que el modelo de prácticas no laborales se aborda desde el ámbito educativo (ministerialmente hablando), sin que pareciera razonable que la regulación de la formación en un centro de trabajo debiera tener implicación de la regulación laboral. Bajo la excusa de la inserción laboral y la poca práctica del conocimiento teórico impartido en el sistema educativo, se dejaba la realidad social del mercado de trabajo aislado y sin necesidad de expresarse a través de su mundo organizado, los sindicatos.
Así, nos colocaron una huida del derecho del trabajo en etapas formativas, algo que hasta el momento se había cogobernado a través de la contratación del Estatuto de los trabajadores/as, donde se combinaba formación y protección del derecho laboral y formación para el empleo, y el diálogo social dirigía y participaba en la orientación de la formación.
En esta ofensiva ideológica, que venía de la explosión de la burbuja inmobiliaria y el gobierno de mayoría absoluta del PP –junto con las medidas de la Comisión Europea en materia de ajustes presupuestarios y ante un drama social para la juventud (paro más del 50%, precariedad, temporalidad y ruptura generacional del bienestar)–, se normalizaron una serie de discursos muy nocivos que aún arrastramos.
De la sociedad que iba al “pleno empleo” pasamos a las sociedades del “emprendimiento” (puede que alguien incluso haya recibido alguna asignatura en este sentido); del mensaje del diálogo social y la protección social al del derroche y los recortes; del mensaje colectivo y de organización al sálvese quien pueda y la criminalización de la organización social; de la educación pública y de acceso universal al coste de oportunidad y el premio a la excelencia (por supuesto sin valorar los recursos que tiene el alumnado detrás).
Toda política es hija de su tiempo y las prácticas no laborales no dejan de ser otro engendro generado con una excusa nada científica: “si quieres trabajar, acostúmbrate a la precariedad, eres joven y algo tienes que hacer que valga en mi empresa”. O, por otro lado, subyace una cultura empresarial de “hacer el favor” de aceptar estudiantes en las empresas para que se formen, cuando bien debería ser percibido como un deber cívico con el Estado, más que un elemento de reproche por parte de las empresas cada vez que se intenta que el alumnado tenga unas condiciones de formación/prácticas más dignas.
Nos hemos cansado
Lo cierto es que toda una serie de self made mens/girls, gurús catedráticos (casi siempre en think tanks de derecha o extrema derecha) se olvidan de una máxima: el trabajo, por auxiliar que sea, cuesta y hay que pagarlo. Eso es algo que impera en un contrato social que da lugar a un Estado de Derecho y Bienestar. Y que exijamos derechos en las prácticas no laborales es también expresión de nuestro tiempo. Nos hemos cansado de ir a un centro de trabajo y no tener protección social si nos pasa algo (que por esto nacieron los sindicatos, por cierto, hace dos siglos), que no haya garantías en la formación y te tengan como la persona de las fotocopias (no puede existir una tutorización fantasma y sin garantías pedagógicas), que nos usen para cubrir vacaciones o turnos sin una relación laboral… En definitiva, nos hemos cansado de la explotación o de hacer el mismo trabajo que cualquier otra persona de la empresa, sin supervisión, sin tutorización y sin salario.
Hoy hay 500.000 personas realizando prácticas no laborales registradas, y lo sabemos gracias a que el diálogo social ha acordado su cotización. Ya defendíamos, un tiempo atrás, que la cotización a la Seguridad Social no solo era un derecho de las personas que estaban en esta situación, sino que era un instrumento indispensable para mapear la magnitud del problema, hasta ahora nos era imposible saber qué cantidad de personas estaban haciendo prácticas no laborales, aunque nuestras sospechas iban bien encaminadas.
Tenemos que poner el trabajo en el centro y recuperar derechos y protección social, así como avanzar a modelos duales donde el centro sea el trabajo y no la empresa, y donde la educación deje de ser una excusa para la precarización de la juventud de nuestro país. Lo tenemos claro, queremos una educación que nos haga libres, que nos dé las herramientas para vivir en igualdad y en un sistema justo, y al servicio de estos objetivos debe estar nuestro sistema educativo.
La persona que lea este texto puede elegir: retroceder y favorecer los cantos y declaraciones de quienes llaman a que la educación sea un privilegio social, político y laboral, o avanzar y ayudar en la recuperación de derechos y a la reorientación pedagógica de las prácticas.
