DURANTE TODOS ESTOS MESES HEMOS asistido a la continuación de las políticas de recorte e imposición. Supresión de aulas de educación infantil, golpe a las enseñanzas de educación de personas adultas, intentos -algunos afortunadamente frenados y otros desgraciadamente consumados- de recortar la oferta de enseñanzas de formación profesional, recorte en las Escuelas Oficiales de Idiomas, y finalmente imposición de una nueva Orden de confección de cupos en los IES de la región que ha conllevado un recorte de más de 300 puestos docentes. En paralelo se ha aprobado una oferta de empleo público docente escasa e insuficiente, la orden de convocatoria de oposiciones sin acuerdo en el baremo de méritos, o la orden en materia de recursos humanos sin negociación real y también sin acuerdo.
En cuanto a derechos retributivos la Consejería se ha limitado a aplicar la decisión estatal de la subida del 1% y llevamos un considerable retraso -que afecta a todos los sectores de enseñanza sea pública o privada concertada- en la recuperación de las pagas extras impagadas y hemos asistido a final de curso a un nuevo golpe a las expectativas retributivas del profesorado interino.
Para todos los asuntos anteriores el diálogo ha brillado por su ausencia, y no por falta de voluntad de la representación sindical que en un ejercicio de responsabilidad ante la difícil situación ha presentado posiciones comunes, propuestas previamente consensuadas y resoluciones unánimes a través de la Junta de Personal Docente.
Fue precisamente este ejercicio de responsabilidad desde las organizaciones sindicales el que ha hecho posible el único Acuerdo de todo el curso, el referido al Personal Docente Interino. Hemos comprobado como con la reordenación de las listas del Cuerpo de Maestros se corregía gran parte del roto hecho en la rebaremación del verano de 2014. La negociación se produjo en las peores condiciones posibles, la ausencia de acuerdo habría llevado a la continuidad de la imposición acordada por el Consejo de Gobierno en mayo de 2013, así y todo se consiguió anular o paliar en gran parte las consecuencias más negativas de aquel sistema impuesto.
Así pues comenzamos este nuevo curso 2016/2017, en el que la LOMCE ya está rodada en todos los niveles educativos, con la expectativa del anunciado, cantado y cacareado Pacto por la Educación. Hasta el momento no ha pasado de la palabrería hueca al uso, de ser un generador de titulares para captar la atención de desprevenidos, y un leitmotiv para la política de escaparate y portada tan característica de Pedro Antonio Sánchez. Pero hay que estar prevenidos para evitar que tras tan ostentosa parafernalia intenten colarnos de nuevo la continuidad de las políticas de desmantelamiento de lo público, el favorecimiento del negocio privado de algunos amigos y la consolidación de la pérdida de derechos laborales y sociales.
Para CCOO no existe posibilidad alguna de Pacto por la Educación si éste no está precedido de Acuerdos de recuperación de derechos y de empleo, que permitan poner el marcador a cero. Acuerdos que deben servir, además, para acreditar que existe una real voluntad de diálogo por parte de una Administración demasiado acostumbrada a la imposición de sus criterios y al desprecio de sus interlocutores.
Para CCOO resulta prioritario garantizar que se acaba con el cierre de unidades escolares; que se avance en el camino de reducir las ratios alumnado aula y que se recuperen las dotaciones de profesionales de los centros mediante la reducción de la carga lectiva semanal.
No menos importante nos parece establecer reglas claras que permitan mantener el equilibrio existente entre las redes de centros públicos y privados y abordar la reducción de la natalidad como ocasión para mejorar la prestación del servicio educativo en vez de cómo excusa para una guerra escolar que a nadie beneficia y a nadie debería interesar.
Planteamos también la reducción de las ratios alumnos/profesor en educación especial y la recuperación del personal de servicios (administrativos, conserjes, ATES, etc) que se han perdido en los años anteriores.
A partir de ahí exigimos un plan de devolución a todos los trabajadores de la enseñanza de las cantidades dejadas de percibir como consecuencia de los sucesivos recortes económicos estatales y autonómicos.
Estos planteamientos que consideramos básicos tenemos la voluntad de hacerlos conjuntamente con el resto de organizaciones sindicales insistiendo en la política de unidad sindical que consideramos imprescindible en los tiempos difíciles y duros que vivimos.
Nos tememos, que esta es una tarea en la que no bastará una buena argumentación y en la que va a ser imprescindible la presión -e incluso la movilización- si es que queremos hacer valer nuestros derechos y razones.
Que las grandes palabras se traduzcan en hechos dependerá de todos nosotros, de todas nosotras, de nuestro empeño, implicación y capacidad de compromiso. Es la tarea a la que os animo a incorporaros con decisión, entusiasmo y el convencimiento de que la única batalla que se pierde es la que no se libra.
Murcia, septiembre de 2016
