La continua devaluación de la universidad pública, fomentada desde las políticas liberales, se ha apoyado en dos acciones: por un lado, procurar una financiación insuficiente para asfixiar la capacidad económica de las entidades y de los estudiantes, con la correlativa subida del precio de las tasas universitarias públicas y una política de eliminación de becas de estudio; y, por otro, rebajar al mínimo las exigencias en la calificación para el acceso a los estudios de grado y máster para las entidades privadas, acompañado de un primer momento de estancamiento del precio de matrícula para ir abriendo mercado.
El Decreto Wert permitió a las comunidades autónomas subir el precio de las tasas universitarias públicas y así lograron que la diferencia de coste con las privadas cayera, abriendo la puerta a que muchos estudiantes optaran por estos centros.
De esta forma se trasladó a la ciudadanía una sensación pesimista sobre la elección de la pública que, además, se alimenta con la falsa creencia impulsada desde los medios conservadores de una peor inserción laboral de los futuros titulados de la pública a un coste similar. Una facilidad notoria se observa en el acceso a los estudios universitarios para el alumnado que no obtuvo la nota de corte necesaria en la pública.
Beneficio económico
Las empresas privadas, aunque pertenezcan al sector educativo, buscan fundamentalmente el beneficio económico. Difícilmente van a poner el acento en la investigación si no es ajustándola a la estricta demanda del mercado.
Tampoco se puede obviar que el formato de 3+2 ha supuesto, en los últimos diez años, un trasvase de estudiantes de los centros públicos a los privados. Así sucede en los grados y, en mayor medida, en el máster, donde, si bien en cada curso hay más alumnado en ambos tipos de universidades, la diferencia de coste con las privadas cayó, abriendo la puerta a que muchas personas optaran por estos centros. Las acciones de gobierno de la derecha dieron así sus frutos.
En su reciente reunión con el ministro de Universidades, CCOO ha solicitado políticas que sean capaces de revertir este panorama y que sitúen de nuevo a la Universidad como un servicio accesible universalmente. Esto es imprescindible para el cambio de modelo productivo y para favorecer la cohesión social.
En la actualidad, la oferta en España es de 50 universidades públicas, una de ellas no presencial, y de 39 privadas, de las cuales 5 son no presenciales y 17 se declaran católicas.
