Tampoco llega a las personas, por lo que podemos sostener que el caso de la educación constituye la expresión concreta en nuestro ámbito de una política más general, que apuesta por una salida de la crisis en la que se consolide una sociedad más desigual, cronificando los recortes laborales y sociales y una redistribución regresiva de las rentas.
Lo constatamos en la negociación colectiva, en la que a duras penas conseguimos mantener el poder adquisitivo de los salarios, sin recuperar los más de 7 puntos de poder adquisitivo perdidos durante la crisis. Recientemente, el FMI señalaba que el incremento de la productividad en nuestro país no se está trasladando a los salarios, que es otra forma de decir que está engrosando los beneficios de los empresarios y abundando, por tanto, en una salida de la crisis sin rostro social.
Lo constatamos también en el fracaso en la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con la negativa de los empresarios a dibujar un escenario de recuperación del poder adquisitivo de los salarios; en un diálogo social sin contenidos de enjundia; en el comportamiento del Gobierno con los pensionistas; en un proyecto de PGE para 2018 continuista en las políticas de austeridad e inútil para promover el necesario cambio de modelo productivo…
Estamos disputando la salida de la crisis. Y para torcer la voluntad del Gobierno de hacerlo cronificando los recortes salariales y sociales y el debilitamiento del Estado social tenemos que colocarnos a la ofensiva. Tenemos que hacerlo desde la movilización.
Volviendo a la educación, el proyecto de PGE para 2018 crece por debajo del PIB nominal (PIB más inflación), lo que hará que sigamos perdiendo porcentaje de inversión educativa en relación al PIB. De hecho, en una reciente actualización del Programa de Estabilidad remitida a Bruselas, el Gobierno se compromete a reducir la inversión educativa al 3,67 % del PIB en 2020 y a un 3,4 % en 2030, cifras que nos remiten a los años 80 del siglo pasado.
Estamos disputando la salida de la crisis y tenemos que hacerlo desde la movilización
Todo ello no le ha impedido al ministro, en un ejercicio de cinismo político, comprometer, en la convención nacional del PP en Sevilla, el 5% del PIB en inversión educativa, si los partidos que se han retirado de la subcomisión vuelven. Es cínico porque tal compromiso es contradictorio con lo que apunta el proyecto de PGE y los compromisos adquiridos con Bruselas. Y si estuviera en condiciones de hacerlo, resultaría incalificable que lo fiara al compromiso de otras fuerzas políticas después de haber recortado más de 9.000 millones de euros que han arrasado la equidad y la igualdad de oportunidades y han condenado a miles de familias a una situación de pobreza educativa. Pero parece claro que el ministro miente en Sevilla.
El proyecto de PGE da mayor legitimidad aún a los partidos políticos que abandonaron la subcomisión parlamentaria para el Pacto Educativo, ante la falta de compromisos sólidos y suficientes por parte del Gobierno en materia de financiación.
El incremento de 75 millones de euros palidece ante la magnitud de lo recortado y queda más en entredicho si consideramos que 20 millones van a engrosar el capítulo de becas a la excelencia, que no tienen carácter compensador, tras unos recortes en el capítulo de becas generales que sobrepasaron los 250 millones de euros.
Pero lo que pone de relieve de la forma más descarnada cuál es el verdadero tenor de las políticas del Gobierno es el capítulo “Desgravaciones fiscales en educación”, que con un monto de 1.484 millones de euros recoge beneficios fiscales para las familias que han podido sufragar cuotas en escuelas infantiles privadas, uniformes escolares, clases de idiomas… No hay dinero para recuperar las becas compensatorias, las medidas de atención a la diversidad, el profesorado perdido… y hay una partida para financiar la desigualdad. Por cada familia que se desgrave del uniforme escolar, ¿cuántos niños/as se quedan sin beca de comedor?
Si la quiebra del pacto nos dejaba sin un horizonte de cambio de rumbo en las políticas educativas y nos devolvía a la casilla de partida (exigencia de la derogación de la LOMCE y reversión de los recortes), este proyecto de PGE certifica que el Gobierno no cambia el gesto: la educación no sale de la crisis y el crecimiento de la economía no llega a la educación.
Como hemos señalado, se trata de la expresión concreta en el ámbito educativo de una política general, a la que hay que contestar desde la movilización. En lo sectorial y también en lo general.
