Seguramente, tras la aprobación de la LOMLOE, el debate sobre la profesión es el de mayor calado de los que quedan pendientes. Se trata de un debate necesario, largamente esperado y complejo. Se hace imprescindible adecuar el perfil de la profesión a los nuevos retos que devienen de los cambios sociales acelerados y a las nuevas demandas que sitúa la sociedad del conocimiento sobre el sistema educativo, pero también, y especialmente, a los retos que tienen que ver con la promoción de la igualdad y de la equidad en el sistema educativo que promueva los valores democráticos y que defina una profesión docente con compromiso social, pero también con reconocimiento social.
La última aproximación a este debate data de 2007, año en que se llegó a un borrador de Estatuto Docente que generó un amplio consenso y que finalmente no vio la luz por cuestiones presupuestarias, lo que nos coloca ante una de las premisas básicas a la hora de abordar este debate: no habrá una reforma de la profesión docente consensuada si no hay un compromiso presupuestario suficiente.
La discusión presenta, además, una alta complejidad. Cambiar la cultura profesional de un colectivo es un empeño complicado. En este caso hay debates de mucho calado que afectan a la formación inicial, al acceso a la profesión, a la inmersión en la profesión, al desarrollo profesional, a la oportunidad o no de avanzar en la evaluación del desempeño… Y todo ello tiene implicaciones en las condiciones laborales y retributivas del profesorado.
La LOMLOE mandataba al Gobierno a presentar una propuesta para regular la profesión docente en el plazo de un año tras su entrada en vigor. El perfil del documento presentado por el Ministerio parece obedecer más al cumplimiento de la obligación legal que a un verdadero interés por abrir un debate riguroso y ambicioso sobre el profesorado.
Por otro lado, la entidad del empeño demanda un Ministerio con credibilidad y un liderazgo fuerte, capaz de aunar a los diferentes actores implicados: profesorado a través de sus organizaciones sindicales representativas, administraciones educativas, consejo escolar… En este momento no parecen darse esas condiciones. El Ministerio sale debilitado de la gestión del acuerdo para la reducción de la temporalidad en el sector educativo, donde las comunidades autónomas –encabezadas por las del mismo signo político del Gobierno– han abanderado una rebelión generalizada contra el sistema transitorio de acceso y han convocado anticipadamente las oposiciones para soslayar la aplicación de la nueva norma, mientras el Ministerio miraba para otro lado.
Las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y la promoción profesional docente, o con las condiciones laborales y retributivas del profesorado, no aparecen recogidas en modo alguno
La situación generada por el MEFP con el paso al grupo A1 del Cuerpo de Profesorado Técnico de FP, que no acaba de resolverse ante el desconcierto de este colectivo y de las organizaciones sindicales, es otro ejemplo de un Ministerio escasamente proactivo y poco resolutivo.
Finalmente, la correlación de fuerzas en el Parlamento no invita al optimismo respecto a la tramitación de la norma en la que se pudiera concretar el Estatuto Docente. Las dificultades para garantizar la convalidación del RDL 14/2021, que finalmente hubo de ser tramitado como ley y que sufrió alteraciones sustanciales respecto a lo pactado en la mesa de negociación, sumado a la experiencia más reciente de la convalidación de la reforma laboral, no invitan al optimismo respecto al devenir de una norma que hubiera sido pactada en el marco del diálogo social.
Por lo demás, la propuesta presentada por el Ministerio en la mesa de negociación no contiene los elementos necesarios para cumplir con el objetivo de mejorar la profesión docente y las condiciones del profesorado, y hemos valorado que no puede considerarse un punto de partida aceptable para una negociación.
El documento contiene propuestas parciales y difusas respecto a la formación inicial, la formación permanente, el acceso e ingreso docente y la carrera profesional, aunque ninguna de ellas progresa en la línea de mejorar y homologar las condiciones del profesorado ni de solucionar los problemas más importantes.
Las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y la promoción profesional docente, o con las condiciones laborales y retributivas del profesorado, no aparecen recogidas en modo alguno, lo que redunda en una propuesta difusa y descompensada que relega los elementos sustanciales de un Estatuto.
Dadas las insuficiencias de las que adolece el documento, no merece la pena pedir que este venga acompañado de una memoria económica, pero CCOO no tomará en consideración ninguna propuesta que no venga acompañada de dicha memoria.
Más allá de señalar las insuficiencias del documento, CCOO pondrá sobre la mesa una batería de medidas para la mejora de la profesión docente y las llevará a los centros educativos para debatirlas con el profesorado y situar ante la Administración una propuesta con el respaldo de los y las docentes.
