Por este motivo, en el sindicalismo confederal se incorporó un objetivo prioritario, derogar la reforma laboral, lo que significaba ante todo impugnar la continuidad de las líneas funda- mentales que sostenían esa legislación y cuestionar su subsistencia en el momento en que se produjera un cambio político, oportunidad que se dio en junio de 2018 con la moción de censura al Gobierno de M. Rajoy. En ese momento, “la exigencia de derogar la reforma laboral” se desdobló en la reivindicación de adelantar la eliminación de las medidas “más lesivas”, en especial las que repercutían directamente sobre la negociación colectiva y la externalización productiva. Es decir, cambiar la norma para recuperar la ultraactividad de los convenios, la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa y la aplicación a las empresas contratistas y subcontratistas del convenio del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata.
Naturalmente, con la llegada de la pandemia, la reivindicación de la derogación o de la nueva regulación laboral quedó en suspenso. Y todos los esfuerzos se volcaron en la construcción de un modelo extraordinario de regulación del empleo y de medidas de amortiguación social. Durante este largo período de excepción se abordaron otros elementos que podrían situarse dentro de estas coordenadas: teletrabajo o la normativa para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.
Y, sobre todo, apareció un nuevo elemento, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incorpora un amplio repertorio de medidas que exigen la reforma de la legislación laboral vigente, como son acabar con la precariedad y garantizar la estabilidad en el empleo, la simplificación y restructuración de la contratación laboral, la incorporación de mecanismos en el despido basados en la experiencia de los ERTE o inserción laboral y formativa de los jóvenes. La “derogación” o la “reforma” dejan paso ahora a un nuevo término, “modernización”, que, preferido por la Unión Europea, incorpora igualmente un fuerte componente derogatorio en el sentido de refutación de las líneas centrales de la reforma de 2021. Y, en el momento de la elaboración de este artículo, Gobierno, sindicatos y empresarios han llegado a un gran Acuerdo sobre Modernización del Mercado Laboral.
