Si contemplamos en una perspectiva histórica la evolución de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, vemos que hemos avanzado mucho, pero también podemos constatar que la evolución no ha sido siempre lineal y ascendente. Los derechos se conquistan en la lucha, pero a veces hay retrocesos y hay que defenderlos y recuperarlos también en la lucha. Lo acabamos de ver: el Partido Popular introdujo severos retrocesos en la legislación laboral o en la de pensiones, que, tras varios años de movilización, hemos conseguido revertir.
De modo que el sindicato, que organiza a la clase, vertebra la lucha para conseguir avances en los derechos, para mantenerlos en etapas de crisis y para recuperarlos cuando nos han sido arrebatados. Eso es lo que resume extraordinariamente la frase de Nico Sartorius: el sindicato hace falta para avanzar y también hace falta para no retroceder, porque nada es para siempre, porque los derechos no se heredan. Y debemos ser capaces de llegar a los y las jóvenes con esta idea, conscientes además de que las nuevas realidades del mundo del trabajo, la precariedad, el nomadismo laboral…, hacen al sindicato más necesario que nunca, pero hacen también indispensable un sindicato más flexible y más próximo a los nuevos retos, no solo para ser más útil, sino también para que sea percibido así por la juventud.
Uno de los retos de este año es el destino de una parte significativa de los fondos europeos a la extensión de la escolarización en el ciclo 0-3 años de la Educación Infantil. Para CCOO esta etapa tiene un valor innegable, tanto para el desarrollo personal como para reducir y compensar las desigualdades sociales de partida, convirtiéndose en una garantía del posterior éxito educativo. Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, propugnamos una Educación Infantil pública e inclusiva, que sea un mecanismo contra la exclusión y la desigualdad, que tenga una garantía de financiación pública para permitir una educación de calidad y un desarrollo digno de la profesión.
La oferta de Infantil en nuestro país presenta algunos rasgos distintivos, como la escasa oferta pública (que responde además a diversos planteamientos y modelos), que redunda en una fuerte privatización de la etapa con precios caros y ayudas escasas, lo que genera desigualdad a la hora de acceder a una de estas plazas.
La LOMLOE apuesta por la progresiva universalización de Infantil, atendiendo a la demanda existente a través de la extensión de la red pública, y desde CCOO exigimos que se lleve a cabo a través de la red pública de gestión directa
La LOMLOE apuesta por la progresiva universalización de la etapa, atendiendo a la demanda existente a través de la extensión de la red pública, y desde CCOO exigimos que se lleve a cabo a través de la red pública de gestión directa (autonómica y municipal) y con una regulación estatal de los requisitos mínimos en cuanto a espacios, número de profesionales y su cualificación, ratios…
Si nos referimos al tamaño del reto planteado, tenemos escolarizada al 41,89% de la cohorte de edad (468.989 niños y niñas), luego el objetivo es escolarizar a los 650.392 restantes. Los fondos europeos deberían ir acompañados de un esfuerzo inversor por parte del Gobierno de España y de las CC. AA. Si solo destinamos a la extensión de la etapa los fondos que vienen de Europa, nos quedaremos muy lejos de alcanzar el objetivo de la universalización recogido en la LOMLOE.
Si en una primera etapa nos planteáramos como objetivo incorporar al sistema al 50% del alumnado de 0-3 años sin escolarizar, la inversión prevista por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) se quedaría muy corta. Frente a los 666 millones de euros y 65.382 plazas públicas previstas en tres años, harían falta 3.315 millones de euros y 325.000 nuevas plazas. Cinco veces más.
Igualmente, en el estudio presentado por FECCOO, hemos considerado insuficientes el número de profesionales y el número de unidades previstos, de tal manera que hemos concluido que, con los ritmos establecidos por el MEFP, se tardaría entre 25 y 30 años en universalizar la etapa.
Sería igualmente necesario mejorar las condiciones laborales del personal docente y de apoyo, la formación permanente del profesorado e incorporar más profesionales, tanto docentes como personal de apoyo educativo.
Por lo que se refiere a docentes, hemos estimado la necesidad de ampliar las plantillas en 30.300 nuevos profesionales; y, en lo que respecta al personal de apoyo, hemos planteado la necesidad de incorporar un segundo profesional por grupo para acercarnos a las ratios propuestas por la UE: 4 niños/as por persona adulta en 0-1 años, 6 niños/as en 1-2 años y 8 niños/as en 2-3 años.
Junto a todo ello, habría que trabajar en el refuerzo de la inspección educativa para la etapa, poniendo énfasis en todos los aspectos que tienen que ver con la calidad, la equidad y la inclusividad, en reforzar el carácter abierto y flexible del currículo, y en construir un sistema de indicadores que nos permita evaluar para mejorar y avanzar.
Pero, como decía anteriormente, las administraciones tienen que ser proactivas y poner recursos más allá de los que llegan de Europa. Nos jugamos la universalización del 0-3 en condiciones de calidad.
