Me advirtió, con buen criterio, que no le soltara un “rollo”, sino algo breve y claro. Y se me ocurrió esa frase que encabeza este artículo, producto de una larga experiencia: diles que “los derechos no se heredan”. Lo más probable es que hereden una hipoteca, con suerte una vivienda modesta y algunos electrodomésticos, pero los derechos sociales, culturales y/o políticos no los tendrán garantizados para siempre y lo mismo que se han ganado, con mucho esfuerzo, se pueden perder de un día para otro.
La experiencia española es contundente a este respecto. Durante los breves años que duró la II República, la ciudadanía disfrutó de una serie de derechos políticos como, por ejemplo, el del voto para las mujeres, la libertad sindical, avances en la educación, etc. Pues bien, como consecuencia del resultado de la Guerra Civil se perdieron todos los derechos, se implantó una dictadura que duró 40 años y cientos de miles de personas perdieron la vida, otras fueron encarceladas o tuvieron que marchar al exilio.
Tuvimos que organizar una larguísima lucha, a lo largo de varias décadas, para recuperar la libertad y la democracia, así como los derechos perdidos y conquistar otros nuevos. En esa lucha por conquistar derechos, las CCOO jugaron un papel esencial y miles de sus militantes, hombres y mujeres –la mayoría jóvenes– se jugaron el trabajo, la cárcel y, en ocasiones, la propia vida. Al final, huelga a huelga, manifestación tras manifestación, a través de múltiples formas de acción, de los sindicatos, estudiantes y otros movimientos sociales, se consiguió acabar con la dictadura y conquistar, de nuevo, la democracia.
En la Constitución de 1978, que os recomiendo leáis, se establecieron una serie de derechos fundamentales, como los de reunión, manifestación, de huelga, de sindicación, a la negociación colectiva, que suponen instrumentos imprescindibles para avanzar en la conquista de derechos sociales: la educación general, la sanidad, las pensiones y otras formas de protección social. Con la democracia, en buena parte por la lucha de los sindicatos, las y los trabajadores hemos seguido conquistando y ampliando nuevos derechos a través de la movilización, de la negociación colectiva y los acuerdos sociales.
Sin embargo, una vez más se ha demostrado que los derechos que se habían logrado, después de años de lucha, se pueden perder o reducir en poco tiempo. Así, cuando llegó la crisis financiera de 2008, con la derecha en el poder en la mayoría de los países de Europa y en España, se impuso una política de “austeridad”, que hizo pagar la crisis a las personas trabajadoras: despidos, pérdida de salarios, contratos precarios, recortes en servicios sociales, etc. Y, en el caso de España, además de todo lo anterior, se implantó la contrarreforma laboral del Gobierno del PP, que nos hizo retroceder 20 o 30 años.
El golpe
Lo más dañino, aparte de los contratos basura, fue el golpe que se dio a la negociación colectiva y a la capacidad de acción de los sindicatos, lo que permitió que las empresas bajaran los salarios, se facilitaran los despidos y, sobre todo, que se generalizaran hasta el infinito los contratos temporales, por una día, por horas, semanas o como les diera la real gana. Se eliminó la ultraactividad de los convenios, esto es, que mantuviera su vigencia hasta que se firmara el siguiente, lo que dio lugar a un deterioro de la negociación colectiva. El resultado final fue que la crisis recayó, especialmente, sobre las espaldas de las y los jóvenes y de las mujeres.
Con la llegada del nuevo Gobierno de coalición se han recuperado muchos de los derechos perdidos, en buena medida gracias a la acción de los sindicatos y los acuerdos alcanzados con la patronal y el Gobierno. Por recordar solamente algunos: el aumento del salario mínimo en un 30% hasta los 1.000€ al mes en 14 pagas; la introducción de los ERTE durante la pandemia, lo que ha significado salvar varios millones de empleos, al hacerse cargo el Estado de los salarios mientras el contrato está en suspenso; el aumento de las pensiones en función de la elevación del índice de precios; la introducción del Ingreso Mínimo Vital con aumento del 15%; el incremento en 100€ en las becas de las que se benefician más de un millón de estudiantes; la gratuidad del transporte público de cercanías, que favorece especialmente a la gente trabajadora; la prohibición de cortar la energía –agua, gas, electricidad– por impago, en caso de necesidad; el tope en el alquiler de las viviendas en ciertas circunstancias. Y, quizá una de las más importantes, la derogación de la reforma laboral de Rajoy y su sustitución por otra que impulsa los contratos indefinidos.
Estos derechos pueden perderse. Tenemos dos instrumentos para defenderlos y mejorarlos. Uno sindical, afiliándonos a los sindicatos de clase, como CCOO, pues en su fuerza está la garantía de nuestros derechos. Otro político, por medio del voto, pues en democracia las leyes las hace el Parlamento que elegimos. Tenemos que pensar muy bien el voto y, sobre todo, no dejar de votar, porque luego no valen las quejas. Y ya sabemos lo que hay. Los partidos de la derecha lo han dejado muy claro. Si ganan las elecciones, volverán a lo de antes y todos esos avances se pueden perder. Las y los jóvenes son quienes más se juegan. O los contratos indefinidos y salarios decentes, o contratos basura y salarios de miseria.
