Las administraciones públicas gastaron un 30% menos
El informe pone de manifiesto que, entre 2009 y 2014, se ha producido en términos reales una reducción del 30% del gasto público, lo que se ha traducido en un intenso recorte de la inmensa mayoría de los servicios públicos y en las prestaciones sociales.
Más calidad en el empleo, más calidad en la educación
El informe, elaborado con fuentes públicas y oficiales, muestra que en el periodo analizado se ha producido una intensa caída del gasto público, que el economista del Gabinete Económico confederal de CCOO, Manuel Lago, cifró en tres puntos del PIB . “En 2014 las administraciones públicas gastaron 30.824 millones de euros menos que en 2009”, una caída del gasto público que sin embargo elevó a 78.164 millones de euros, excluyendo pensiones, intereses de deuda y gasto energético.
La gestión neoliberal llevada a cabo por los gobiernos ha optado por la reducción del peso de lo público en la economía en estos años. Los compromisos adquiridos ante la Comisión Europea, el cumplimiento de la consolidación fiscal y la reducción del déficit, han tenido como resultado un crecimiento de la desigualdad y de la pobreza y un grave deterioro de los servicios públicos básicos y de las prestaciones sociales, que están sufriendo la mayoría de los ciudadanos.
Ahora, en 2016, que se ha abierto un nuevo tiempo político, que acompaña el cambio de ciclo económico iniciado en la segunda mitad de 2014, y que la economía española crece, este crecimiento económico debería aprovecharse para generar empleo de calidad, restituir y ampliar los derechos económicos y laborales perdidos y recuperar e incrementar el gasto público. Es prioritario recuperar y recomponer las bases del modelo social, revirtiendo los recortes a los que se les ha sometido en estos años a la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, las prestaciones por desempleo, la política social de vivienda, al medioambiente etc.
Para CCOO es preciso reconstruir la estructura fiscal del Estado, en sentido amplio, para atender y reforzar servicios públicos universales, suficientes y equitativos en su definición, con gestión eficiente y rigurosa.
