Los recortes que sufrieron las universidades durante los años más duros de la crisis siguen estando vigentes y se han visto agravados por la proliferación de figuras de contratación con un elevado índice de precariedad.
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura y por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ponen de manifiesto que ha habido una disminución del 9,46 % de la plantilla del PDI funcionario y un incremento del PDI laboral del 11,41% desde julio de 2012 hasta julio de 2017, con un aumento global del 2,13% del profesorado con dedicación a tiempo parcial y con una proliferación de los contratos de duración determinada del 6,28%.
Estas cifras señalan que, de modo global, la universidad pública incumple la propia Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) con un porcentaje de PDI funcionario del 44,61%, mientras que la Ley contempla que tiene que ser al menos el 50,1%. Pero, sobre todo, pone de manifiesto que la universidad pública está optando por figuras de contratación de duración determinada y por contratos a tiempo parcial como modo de contratación preferente.
La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que esta labilidad del sistema universitario está profundizándose con la pretensión del Ministerio de Economía y Competitividad, que quiere dotar a las universidades de personal adicional para cubrir necesidades docentes, al incluir la actividad docente de 60 horas anuales para el Personal Investigador en Formación.
De modo paralelo, las plantillas del Personal de Administración y Servicios han visto incrementado el personal considerado como eventual o de duración determinada hasta el 30,05%, con una disminución del Personal de Administración y Servicios Laboral del 4,53% y una elevación de la interinidad del Personal de Administración y Servicios Funcionario
