Nada puede ser como era antes de las políticas educativas del PP a nivel estatal, autonómico y municipal allí donde y cuando ha gobernado y gobierna: extensión de los conciertos a todo centro privado que lo solicite y a la enseñanza no obligatoria –con argumentos aplicables en el futuro al ámbito universitario–; implantación del distrito único; promoción y apoyo –con cesiones de suelo público para la construcción de centros privados, que cuentan ya previamente con el concierto– a titulares/empresas afines ideológica y económicamente; reducción de la red pública –de cuya calidad no se consideran responsables– a un subsistema subsidiario del privado; trato desconsiderado y humillante del profesorado y equipos directivos del sector público; incremento de las desigualdades educativas tanto entre los centros públicos y los privados, como dentro de cada una de ambas redes; máxima interpretación confesional de unos Acuerdos con el Vaticano inconstitucionales; y, en definitiva, la consideración de lo público no como lo común, sino como algo residual circunscrito a aquellos espacios sociales hacia los que la iniciativa privada no se dirige, quizás por razones ideológico-mercantiles.
Todo lo anterior, y mucho más que pudiera añadirse, son razones más que suficientes para que aquellos que hasta hace unos años consideraban viable, incluso positivo, un pacto educativo –no es mi caso– hayan advertido que no hay nada que pactar, que todo está muy claro. Que el acuerdo no escrito que subyacía –si es que existió– en el pacto constitucional para mantener un statu quo no agresivo, ha quedado roto; que la derecha va a por todas, lo quiere todo –si se le deja–, y que la estrategia de la izquierda debe ser otra. Una estrategia a corto, medio y largo plazo en la que se defina un programa coherente y coordinado –tal como lo es el de la derecha– a nivel estatal-constitucional –y, en este aspecto, es fundamental contar con una judicatura no conservadora–, autonómico y municipal. Es, sobre todo en estos dos últimos ámbitos, donde deben verse los efectos de políticas educativas de izquierda que marquen diferencias –como está sucediendo en el País Valenciano o en Barcelona, por poner dos ejemplos–. Ya no es suficiente con derogar la ley Wert y revertir los recortes intentando de nuevo un pacto que nunca será respetado. Nada puede ser como era antes.
