También destacó la necesidad de contemplar “medidas urgentes” para hacer frente al preocupante “envejecimiento existente en las plantillas universitarias” y para adaptar las necesidades docentes e investigadoras, “cada vez más cambiantes y diversas”.
En la misma presentación, Duque se comprometió a impulsar un pacto de Estado por la ciencia que garantice la estabilidad presupuestaria y a incrementar progresivamente la inversión en I+D+i hasta el 2,5% de los Presupuestos Generales del Estado de 2020. En CCOO apreciamos con grave preocupación que el ministro no adquiriese una responsabilidad similar de incremento de financiación de las universidades públicas, que han sufrido durante los años de la crisis drásticos recortes, no solo en el capítulo de investigación, sino en la financiación general pública procedente de los gobiernos central y autonómicos.
Los datos publicados por el Observatorio de Financiación Pública de la Asociación Europea de Universidades, en diciembre de 2017 (Public Funding Observatory Report, eua-pfo-report-2017), sostienen que España continúa una trayectoria descendente de financiación pública de las universidades, manteniendo durante los años analizados una población estudiantil estable. El estudio demuestra que nuestro país se encuentra en los últimos puestos de los Estados europeos en cuanto a inversión pública directa, ya que aún queda una amplia brecha negativa –mayor del 20%– respecto del máximo de financiación alcanzado por las universidades públicas en 2008. Estas cifras son corroboradas y ampliadas en el informe ¿Quién financia la universidad? Comparación entre comunidades autónomas en España, Europa y la OCDE, publicado por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU) en enero de 2018.
Lejos de la media
En dicho estudio se verifica que España es el sexto país que menos gasta, en relación con su riqueza, en enseñanza superior. El dinero público destinado a la financiación de la universidad es el 79,2% de la media de la OCDE. En términos de PIB supone un 1,08%, mientras que la media de la UE y de la OCDE se sitúa en el 1,27%. España tendría que incrementar la financiación de sus universidades un 17,7% para alcanzar la media de la UE y un 26,2% para llegar a la media de la OCDE.
Una nueva Ley de Universidades, para cumplir con los objetivos que pretende, tendrá que realizarse considerando entre los siguientes aspectos prioritarios: una financiación pública adecuada y continuada de las universidades, una plantilla de personal estable con desarrollo de carrera profesional y el derecho a realizar estudios universitarios sin discriminación alguna debido a la renta personal o familiar. Como afirma la Unesco, “el apoyo público a la educación superior y a la investigación sigue siendo fundamental para asegurar que las misiones educativas y sociales se llevan a cabo de manera equilibrada”.
Para iniciar el debate de la nueva ley tenemos que entender la Universidad como un servicio público esencial que constituye un instrumento primordial para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
