Personal de Servicios Educativos y Complementarios: tan necesarios como los demás

La culminación del proceso de transferencias en 1999 aparejó también la descentralización de la negociación colectiva, pasando el PSEC a depender de los convenios colectivos de personal laboral de las diferentes comunidades autónomas.

Para FECCOO, la apuesta por mantener la especificidad de este personal en los diferentes convenios colectivos siempre ha sido una línea estratégica. Queremos recalcar que, en su tarea profesional, estos trabajadores/as tienen un trato directo y continuado con el alumnado. Por esta razón consideramos que hay que realizar los ajustes y cambios necesarios para profundizar en la definición del perfil profesional del colectivo y contribuir de forma decisiva a la mejora de la calidad de la educación pública.

20 años después del proceso de transferencias, es necesario reivindicar que desde las diferentes administraciones se promuevan iniciativas que garanticen un mejor reconocimiento de los trabajadores/as del PSEC, atendiendo siempre a la diversidad de los distintos territorios y a las distintas tipologías de los centros. Porque a este personal, además de la normativa general que regula a los/as empleados públicos y su convenio colectivo, por el hecho de desarrollar su labor profesional en un centro, está también concernido por las leyes educativas, los reglamentos de funcionamiento internos…

Por todo ello, proponemos una batería de iniciativas que hemos trasladado a los diferentes partidos políticos con motivo de los recientes procesos electorales, que pasan por abrir un debate sobre nuevos perfiles profesionales y adecuación de los ya existentes, implantación de un modelo de carrera profesional, poner mayor énfasis en la formación específica y continua para los diferentes colectivos en aras a mejorar su cualificación profesional, ampliar la participación en los consejos escolares y formar parte de los claustros…

Tras las elecciones

Los resultados del 10-N nos colocan ante una aritmética parlamentaria complicada. Para empezar, nos encontramos ante una investidura incierta que precisa de apoyos y complicidades de extraordinaria complejidad, ya que habrá que conciliar posiciones que llegan a ser antagónicas. De producirse la investidura, estaremos ante una legislatura con un devenir incierto, con un Gobierno en minoría necesitado de pactos de geometría variable y con un escaso margen de maniobra para acometer su agenda política. Todo ello permite vaticinar que nos enfrentamos a una legislatura previsiblemente corta.

Desde CCOO hemos definido una agenda nítida y concreta, que colocaremos sobre la mesa del nuevo Gobierno en cuanto haya interlocutores con los que poner en marcha un proceso de negociación. Dentro de ella hemos fijado tres prioridades: un compromiso para llevar la inversión educativa hasta el 5% del PIB en una legislatura, con un horizonte del 7% en el medio plazo; la puesta en marcha de una ley educativa que derogue la LOMCE y que garantice la calidad y la equidad en la educación; y abrir el debate sobre el profesorado, que ha de concretarse en la negociación de los estatutos docentes de la enseñanza no universitaria y de la educación superior.

Para rebajar la temporalidad en la enseñanza pública no universitaria seguiremos reclamando un sistema transitorio de acceso que garantice pruebas no eliminatorias en la fase de oposición

El compromiso de aumentar la inversión pública en el ámbito de la enseñanza debe servir, entre otras cosas, para garantizar la reversión de los recortes y, en consecuencia, mejorar las políticas socioeducativas, rebajar las ratios, restablecer las medidas de atención a la diversidad perdidas, recuperar las condiciones salariales y retributivas de los/as trabajadores/as de la educación y el empleo perdido durante la crisis, y disminuir las tasas de precariedad. Para ello, tenemos el instrumento de la negociación colectiva, que, en el caso de los empleados/as públicos/as, se concreta en los dos acuerdos de la Mesa General suscritos, que tenemos que desarrollar en toda su potencialidad.

Para rebajar la temporalidad en la enseñanza pública no universitaria seguiremos reclamando un sistema transitorio de acceso que mejore la ponderación de la antigüedad hasta el máximo permitido por la jurisprudencia y que garantice pruebas no eliminatorias en la fase de oposición. Esta reivindicación cobra más importancia tras la sentencia de la Audiencia Nacional, que viene a reiterar una abundante jurisprudencia del Supremo y del Constitucional en el sentido de señalar la ilegalidad de las oposiciones restringidas o del acceso a la función pública por concurso.

La derecha educativa y las organizaciones patronales de la enseñanza concertada han emprendido una campaña para reclamar la universalización y la gratuidad, cuando no la obligatoriedad del ciclo 0-3 de la Educación Infantil, lo que es tanto como decir que reclaman la extensión de los conciertos a este tramo educativo. Lo hacen seguramente espoleados por el acuerdo entre el PSOE y UP para los frustrados PGE de 2019, en el que comprometían la universalización y la gratuidad en el sector, y también por el compromiso de recuperar los niveles de inversión educativa anteriores a la crisis. Desde CCOO vamos a defender que el dinero vaya donde se recortó: a la red pública. Y también a la mejora de las condiciones laborales y retributivas de todos/as los/as trabajadores/as del sistema educativo.