EL REAL DECRETO-LEY 8/2019, DE 8 DE MARZO, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, incluye, entre otra medidas, la obligación por parte de las empresas de registrar la jornada de trabajo de sus empleados.

LA POLÍTICA UNIVERSITARIA DE LOS ANTERIORES GOBIERNOS conservadores ha tenido como fin la mercantilización y la obtención de beneficios a corto plazo, con la incorporación en los últimos tiempos de grupos empresariales y fondos de inversión con una marcada filosofía de rentabilización, pero con poca o ninguna vocación de verdadera gestión educativa.