LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ACCEDE A LA EDUCACIÓN no deben pesar en los resultados obtenidos. Los poderes públicos deben promover que todas las personas puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones, es decir, equilibrando las situaciones de desigualdad de partida (cualquiera que sea su situación socioeconómica y cultural), por lo que la compensación de las desigualdades sociales, económicas y culturales se convierte en una obligación ineludible.
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“Hacen falta menos leyes y más políticas educativas efectivas”
DESDE LOS AÑOS NOVENTA nos han adoctrinado sin pausa acerca de los males del sistema educativo español y, ante todo, sobre los de la enseñanza pública y del profesorado. Su “calidad”, “excelencia”, “competitividad” y “rentabilidad” han pasado a primer plano sin que la mayoría de los ciudadanos tenga instrumentos para valorar qué les estén contando ni para qué. Los trabajos de José Saturnino Martínez –entre los que se encuentra «La equidad y la educación» (Catarata, 2017)– ayudan a aclararse con este «neolenguaje».