MÁS DE UN AÑO HA PASADO desde la declaración del estado de alarma por la Covid-19. Todo o casi todo en nuestras vidas quedó, en el mejor de los casos, congelado, incluyendo los procesos selectivos de docentes en todas las autonomías, con la honrosa excepción de Cataluña.
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“Atraer a la personas más adecuadas para desempeñar la función docente”
//php get_template_part( 'components/post/content', 'meta' ); ?>La selección del profesorado de la enseñanza no universitaria
Oposiciones docentes: solo se están ofertando una de cada tres plazas
//php get_template_part( 'components/post/content', 'meta' ); ?>LA CONCRECIÓN DEL ACUERDO para la mejora del empleo en la función pública está encontrando numerosos problemas tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas. A la ausencia de negociación real en relación a un modelo extraordinario que simplifique la fase de oposición, aumente el peso de la experiencia y garantice la transparencia del proceso, se suma, además, la resistencia de las comunidades a convocar todas las plazas necesarias para reducir la temporalidad al 8 %.
Oposiciones y gente joven
//php get_template_part( 'components/post/content', 'meta' ); ?>ÚLTIMAMENTE SE HABLA MUCHO de un modelo de consolidación del empleo en la función pública docente que facilite la reducción del número de personas que ocupan un puesto temporal.
El PP vence en el pulso de las oposiciones en Cantabria
//php get_template_part( 'components/post/content', 'meta' ); ?>EL DISCURSO DEL MIEDO HA TRIUNFADO en comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón propagándose como un tsunami hacia Murcia, Valencia, Asturias y, finalmente, ha llegado a Cantabria. La amenaza del Ministerio de Hacienda de impugnar las oposiciones, si se convocan, sin estar aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha vuelto a poner en pie de guerra a la comunidad educativa; y, lo que es peor, a enfrentar entre si a los propios trabajadores del sistema y a levantar barreras ideológicas entre comunidades autónomas vecinas, utilizando un eufemismo, “efecto llamada” cuando lo que se quiere decir es miedo a que cualquier organización o persona jurídica pueda impugnar todo el proceso de oferta de empleo público.