LAS INCERTIDUMBRES QUE GENERA EL ACTUAL ESCENARIO POLÍTICO no pueden convertirse en una coartada para la inacción o el desistimiento. Así lo valoró el Consejo Federal, cuando acordó llevar a cabo esta campaña de movilización y sensibilización. CCOO quiere hacerse oír ante el gobierno cuando lo haya, pero mientras tanto queremos estar presentes y pesar con nuestros planteamientos en las negociaciones que se lleven a cabo para una eventual investidura.
Queremos seguir poniendo énfasis en que para CCOO no hay cambio educativo posible, ni acuerdo educativo plausible, que no pase por la derogación de la LOMCE y de las reformas de la LOU que han causado un retroceso en la calidad, equidad e igualdad de oportunidades y que han debilitado el derecho a la educación en nuestro país.
Para ello, hemos llevado a cabo concentraciones y registrado la resolución de nuestro Consejo Federal tanto en los parlamentos autonómicos como en el del Estado. Se trata de hacernos visibles para que quienes se han comprometido con su firma a derogar las reformas del PP, no dejen de lado su apuesta ante las urgencias de los pactos para formar gobierno. Para recordar que no se puede construir un pacto educativo sobre la base de mantener, en ninguno de sus extremos, una ley educativa retrógrada, injusta e ineficaz para garantizar una educación de todos/as y para todos/as.
Sólo tiene sentido avanzar hacia un consenso social y político en educación si es un instrumento para un cambio de rumbo en las políticas educativas y laborales; si incluye garantías para una inversión suficiente en educación y en I+D+i que nos homologue con los países de nuestro entorno; si apuesta por recuperar el empleo y, con él, las medidas de calidad y de atención a la diversidad perdidas; si se compromete con el refuerzo del modelo de escuela pública y laica; si apuesta por la calidad con equidad; si refuerza la programación general de la enseñanza que permite atender a las necesidades
de la sociedad de forma eficiente y participada…
Queremos enfatizar que la paralización del calendario de implantación de la LOMCE es condición necesaria, pero no suficiente; que es una estación de paso, pero no el final del trayecto. Queremos resaltar igualmente que para CCOO no puede haber un gobierno de progreso que no se comprometa a recuperar los niveles de inversión educativa anteriores a la crisis, para avanzar a renglón seguido hacia el 7% del PIB.
En las últimas semanas, y como consecuencia de las negociaciones y los pactos entre diferentes fuerzas políticas, se han puesto encima de la mesa algunas propuestas que desde CCOO contemplamos con preocupación. Tenemos una posición contraria tanto al pago por resultados en la educación no universitaria (lo hemos manifestado con claridad, la última vez a propósito del Libro Blanco del profesor Marina), como a vincular la financiación de las universidades a los resultados de la evaluación de la docencia y la investigación, más aún en un escenario en el que la inversión en educación superior ha desconvergido de la media de los países de nuestro entorno y el capítulo de I+D+i, que ya era raquítico antes de los recortes, se ha visto aún más reducido.
También rechazamos la propuesta de vincular las tasas universitarias al nivel de renta de las familias, ya que parece un planteamiento subsidiario de la idea de que las tasas en la educación no obligatoria deben correr a cuenta de los ciudadanos. Aunque en este caso la propuesta está moderada por la rebaja en función del nivel de renta, la idea de fondo es la misma.
Seguiremos reclamando
con fuerza la recuperación
del empleo, de su calidad,
y de las condiciones
laborales y retributivas
de los trabajadores del
sistema educativo
Esta iniciativa -de corte neoliberal- ya la ha manejado el PP en muchas comunidades autónomas y ha llevado a un encarecimiento de las tasas en la educación infantil o a la fijación de tasas en la FP que han expulsado del sistema a muchas familias. La propuesta es más rechazable aún si consideramos que España está entre los países europeos que tienen unas tasas universitarias más altas junto a uno de los sistemas de becas y ayudas al estudio más endebles.
La idea de vincular una parte de la financiación de las universidades a las tasas de empleabilidad de los egresados pone en riesgo la continuidad de las facultades de humanidades y de todas aquellas titulaciones que no tienen una demanda alta por parte del mercado de trabajo; pone en dificultades a las universidades generalistas y cuestiona gravemente la función social de la universidad.
Y, desde luego, seguiremos reclamando con fuerza la recuperación del empleo, de su calidad, y de las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores del sistema educativo.
No puede haber ningún acuerdo en educación que no pase por la dignificación de los profesionales, después de los duros recortes sufridos.
