El último semestre del curso 2019-2020 ha estado marcado por las numerosas reuniones de la Sectorial de Educación, Ministerio y consejerías de los gobiernos autonómicos, así como por la actividad de la comunidad educativa en la elaboración de propuestas y el requerimiento de consenso y acuerdo a las distintas administraciones, aunque en algunos casos –no pocos– ha sido más evidente la ausencia de diálogo que la mano tendida.
Ahora, a pocos días del inicio de curso, hay gobiernos autonómicos que pretenden cubrir su incompetencia lanzando balones fuera o contra el Ministerio de Educación. Estos no han hecho los deberes a su debido tiempo y algunos de ellos son defensores de la “libertad de enseñanza”, y pintan los grandes retos que plantea el inicio del curso 2020-2021 con un barniz ideológicamente conservador, restando importancia a la situación. Y, además, son algunas de las CC. AA. que han estado, y están, cerrando unidades en la escuela pública y recortando puestos de trabajo que van a hacer falta para iniciar el nuevo curso en mejores condiciones.
A la deslealtad y a la incompetencia se empieza a sumar el ruido mediático con el que estos gobiernos autonómicos pretenden tapar su falta de iniciativa, de ideas y de recursos. Algunos medios de comunicación ya preguntan para cuándo una huelga general contra el Gobierno de España, como la que se ha convocado contra el gobierno de las derechas en la comunidad de Madrid.
Al Ministerio habrá que exigirle liderazgo, y además que los fondos que se transfieran a las gobiernos autonómicos tengan un carácter finalista, priorizando a los sectores de la población más empobrecidos. Que no se calle ni mire hacia otro lado. Que actúe de oficio contra aquellos gobiernos autonómicos que pretendan invertir estos fondos en más conciertos y más cheques escolares en detrimento de la educación pública, y con aquellos que no cumplan con los protocolos sanitarios marcados desde el gobierno para el sector de la enseñanza. Pero a las comunidades autónomas hay que recordarles que siguen siendo plenamente competentes en materia educativa y que es en su terreno donde se ha de jugar el partido más importante. Que tendrán que dialogar para acordar propuestas con la comunidad educativa en sus respectivos territorios, y que tendrán que ser generosas y eficientes, tanto en las propuestas como en la inversión y en su finalidad. Y, sobre todo, que no les queda mucho tiempo.
Los sindicatos de la educación de la Comunidad de Madrid ya han convocado una huelga en el sector ante la incompetencia manifiesta de la Consejería de Educación. En Andalucía ya pende sobre la cabeza de la Consejería la amenaza de otra convocatoria de huelga. La Federación de Enseñanza de CCOO de Murcia ha pedido la dimisión de la consejera de Educación por su manifiesta incapacidad para la gestión de un inicio de curso más que problemático, y un importante sector de su profesorado reclama ir a la huelga.
En algunas de las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda la denuncia de la falta de diálogo y, como consecuencia, de acuerdos para el inicio de curso empieza a ser un mantra peligroso. No obstante, el esfuerzo presupuestario y de planificación en los recursos difiere entre las comunidades autónomas. El ejemplo más importante por su disposición al diálogo con la comunidad educativa, el volumen de inversión, la contratación de personal y las medidas a desarrollar, es el gobierno de coalición del País Valenciano. Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja o Extremadura, todas ellas gobernadas por la izquierda, también han realizado cierto esfuerzo en la contratación de profesorado. Y aún así se han quedado cortas en relación con las expectativas y las reivindicaciones de la comunidad educativa y de las previsiones de inversión presentadas por CCOO: 7.300 millones de euros y la contratación de más de 100.000 docentes.
Mientras, las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Ciudadanos se han quedado muy por debajo de las necesidades y expectativas de la comunidad educativa, aún gobernando en comunidades autónomas como las de Andalucía y Madrid, que reúnen un importantísimo número de centros, de docentes, y de personal de administración y servicios. De momento el total de la inversión se aproxima a los 3.000 millones, fondos del Gobierno, y el total de contratación de nuevo profesorado, si sumamos al conjunto de las comunidades autónoma no llega a los 30.000. Si partimos del acuerdo de ratio entre el MEFP y las comunidades autónomas de 20 alumnos/as, aún faltarían por contratar a casi 40.000 docentes más para hacer factible dicho convenio.
¿A quién le importa en España la educación pública? La Administración pública ya ha dictado normas y recomendaciones, para el inicio de curso que algunos gobiernos autonómicos van a incumplir por falta de inversiones en prevención de riesgos laborales, instalaciones, recursos didácticos y personal docente y no docente, también por ideología y oposición política al Gobierno central. En pocos días se movilizarán más de siete millones de alumnos y alumnas, casi ochocientos mil docentes de los sectores públicos y privados concertados, un número importantísimo de personal no docente y millones de familias a las puertas de escuelas e institutos… ¿Qué puede salir mal?
CCOO ya ha denunciado los intentos de algunas CC. AA. que pretenden ignorar la situación sanitaria y volver a los centros en septiembre con medidas de baja intensidad que no van a garantizar la salud de la comunidad educativa, y sin tomar en consideración la atención a las brechas de desigualdad que se han puesto de manifiesto durante el confinamiento. Es una posición irresponsable que puede tener consecuencias graves para el normal desenvolvimiento del próximo curso, tanto en términos educativos como sanitarios y sociales.
Exigimos a los gobiernos autonómicos un mínimo de lealtad y unidad para compartir unos criterios que, sin duda, revertirán de forma positiva en la equidad, la calidad, el empleo y la eficiencia de los recursos materiales y humanos necesarios. Coordinación y unidad para poner en marcha las medidas que en este momento necesita el conjunto del sistema educativo. Solidaridad y cooperación como los ejes que han de vertebrar un plan de acción compartido, también con la comunidad educativa. Con decisiones, medidas, acciones y recursos que garanticen la equidad, la calidad, el empleo y los recursos.
Por todo ello, CCOO sigue exigiendo que se convoquen los marcos de diálogo social en las CC. AA., para que las administraciones autonómicas y las organizaciones sindicales acuerden de forma negociada la utilización de los recursos extraordinarios que van a llegar del Gobierno.
