Para dar respuesta a la situación, el Gobierno teoriza la necesidad de alcanzar un Pacto de Rentas, es decir, un esfuerzo concertado de país para repartir de forma equilibrada los costes y soslayar con la mayor rapidez posible la compleja situación económica y social.
Desde CCOO definimos una agenda para el pacto que pasaba, por un lado, por abordar los costes de la situación desde políticas públicas, con medidas de protección a los hogares vulnerables; intervenir sobre el sistema de fijación de los precios energéticos y sobre los alquileres –desindexándolos del IPC–, fomentar la sostenibilidad y el uso del transporte público, o introducir cambios en la fiscalidad para hacerla más progresiva. La otra pata del pacto era la negociación de un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que garantizase el poder adquisitivo de los salarios a través de una cláusula de revisión salarial que compensase la desviación del IPC interanual.
El problema es que el Gobierno ha puesto en marcha alguna de estas medidas fuera del marco del diálogo social, dejando, además, de lado aspectos sustantivos para el sindicato, como la reforma de la fiscalidad. Por otro lado, la CEOE ha imposibilitado el cierre del AENC, planteando unos incrementos salariales por debajo del IPC, a la vez que una cláusula de revisión que solo operaría al final del periodo de tres años del acuerdo, es decir, condenando a trabajadores y trabajadoras a la pérdida de poder adquisitivo. La pandemia y la crisis subsiguiente debilitaron la negociación colectiva. En 2020 se redujo en 1.213 el número de convenios firmados respecto al año anterior, con un saldo de 1.200.000 personas menos protegidas. En 2021, la ralentización continuó con 2.172 convenios firmados menos que en 2019 y 2.651.000 personas menos protegidas.
En paralelo se ha producido un repunte inflacionista, agravado por el conflicto bélico en Ucrania. Durante la segunda mitad de 2021, la inflación interanual alcanzó picos del 6,5%, situándose la inflación media en ese año en el 3,5%, mientras el incremento salarial medio fue del 1,49%. Durante 2022, la tendencia al descontrol de los precios se ha recrudecido, situándose el IPC acumulado en abril en el 8,4%. Diferentes organismos e instituciones pronostican una moderación de este índice para finales de año, hasta el entorno del 5%, pero hay suficientes incertidumbres en el escenario como para poner en cuestión esa estimación. Conviene recuperar la frase de aquel Premio Nobel de Economía que señalaba que “los economistas son los científicos que mejor predicen el pasado”.
En este contexto, CCOO ha decidido tensionar la negociación colectiva para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, en una estrategia concertada con UGT. El elemento estratégico para su sostenimiento es la fijación de cláusulas de revisión que operen al final de cada año, compensando la desviación que se haya podido producir entre el incremento salarial pactado en convenio y la inflación interanual.
Durante 2022, la tendencia al descontrol de los precios se ha recrudecido, situándose el IPC acumulado en abril en el 8,4%. Diferentes organismos e instituciones pronostican una moderación de este índice para el final del año, hasta el entorno del 5%
En el sector educativo abordamos la negociación de importantes convenios, como el de Discapacidad o Educación Infantil, en los que tendremos que poner toda la carne en el asador para desplegar la estrategia confederal. En el sector público, más de tres millones de empleados y empleadas públicas (y los sectores concertados que dependen de los PGE) han sufrido incrementos salariales en 2022 que nos condenan a la pérdida de poder adquisitivo y estamos desplegando una campaña bajo el lema “Recuperar lo arrebatado” que, entre otras cuestiones, va a plantear el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.
La puesta en marcha de la nueva Ley de FP y la llegada de los fondos europeos exigen que estemos especialmente vigilantes. El Gobierno ha aprobado una partida de 1.200 millones de euros (una parte de los 5.500 que se van a destinar a la implantación y desarrollo de la nueva normativa). CCOO ha exigido que las partidas transferidas a las CC. AA. para este fin tengan carácter finalista y solo se puedan utilizar para FP. Igualmente, hemos planteado que dicha partida se destine a la educación pública, que presenta un fuerte déficit de plazas e instalaciones.
Por otra parte, los fondos europeos deben venir acompañados de un esfuerzo inversor por parte de nuestro país que sea suficiente para alcanzar los objetivos marcados en la Ley, sostenido en el tiempo y equitativo para que atienda a la mayoría de la población.
Nos encontramos ante una apuesta estratégica que puede condicionar no solo el futuro de nuestra juventud, sino también la configuración de nuestro modelo productivo.
