LUIS GARCÍA DOMÍNGUEZ, (Olivares de Júcar, Cuenca, 1967) es profesor de la especialidad de Procesos y Medios de Comunicación y director del IES Puerta Bonita de Madrid, además de presidente de FPEmpresa, la asociación que reúne a centros de Formación Profesional públicos, concertados y privados de toda España. Cursó Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y ha completado su formación con los estudios de Antropología Social y Cultural por la UNED y varios másteres. En la actualidad, también colabora como profesor asociado en el Departamento de Periodismo y Comunicación de la Universidad Carlos III.
¿Cómo es el día a día en su instituto?
En un centro como Puerta Bonita, con 1.000 estudiantes, 60 docentes y 25 trabajadores de administración y servicios, cada día es diferente. Lo importante es garantizar que las herramientas que tienen que manejar los profesores y con las que tiene que aprender nuestro alumnado en los talleres están preparadas. Nos preocupa mucho cuando un profesor se pone enfermo o no está adecuadamente formado, o cuando los chicos no están suficientemente motivados. A esto, que es común a cualquier nivel de enseñanza, se suma la necesidad de que las instalaciones, los equipos, las herramientas, etc., estén en perfecto estado.
¿Cómo cree que va a cambiar su dinámica interna con la nueva Ley de FP?
En lo que tiene que ver con el aula, creo que va a cambiar relativamente poco, porque, de alguna manera, se viene a profundizar en tendencias hacia las que ya apunta la mayoría de los centros. De lo que se trata ahora es de que seamos más accesibles al ciudadano, con independencia de la edad que se tenga. Evidentemente, para los chicos que aterrizan en la FP Básica o en un Grado Medio o Superior, que nos llegan desde otros institutos, no va a haber grandes modificaciones. Pero la integración de los dos sistemas antiguos, la FP educativa y la FP para el empleo, hará que los centros se conviertan en acreditadores de competencias mediante lo aprendido formal o informalmente a través de la experiencia de la vida. El objetivo de la Ley es que, con el tiempo, los centros de FP sean lugares no solo donde se enseña a chicos y chicas de 16, 17, 18 o 20 años, sino también a una persona de 24 años que abandonó de manera prematura el sistema y quiere retomar sus estudios, o a un parado o a un trabajador que tienen que adquirir determinados conocimientos que no poseen o se les han olvidado, etc. Se trata de asegurar el aprendizaje a lo largo de la vida. Además, los centros públicos y los sostenidos con fondos públicos somos muy capilares y estamos en todas partes. Ya tenemos el espacio, la estructura y las instalaciones. Ahora hay que aprovecharlas. No tiene sentido montar algo ad hoc para dar una formación cuando ya disponemos del espacio para ello. Los centros de FP podemos impartir desde grados básicos, medios y superiores hasta microformaciones que den respuesta a los continuos cambios del mercado laboral.
Para que esto sea posible, ¿qué papel debe desempeñar la orientación profesional?
Desde hace casi un siglo, las familias, las empresas y la sociedad han dado un valor residual y poco importante a la Formación Profesional. ¿Qué estaba fallando? La orientación. Entendíamos que, para progresar en la vida, se necesitaba cursar estudios universitarios e, incluso, másteres y doctorados; y lo contrario era de fracasados. Eso hay que cambiarlo a través de la información, que hasta ahora ha estado sesgada. La FP no es un callejón sin salida, sino una vía paralela a la académica en la que, además de competencias generales, se adquieren otras específicas que te dan la posibilidad de trabajar. La Formación Profesional te permite progresar, aprender, formarte y educarte de otra manera distinta y adquirir esas competencias. La Ley debería impulsar la orientación para que cualquiera pudiera acudir y recibir ayuda sobre cómo mejorar sus competencias, para tutorizar sus capacidades y ver dónde encajan, recibir asesoramiento sobre los sectores más demandantes de empleo, etc.
“Hay familias profesionales con una fuerte empleabilidad en las que tenemos grandes problemas para encontrar profesores porque estamos en pugna directamente con las empresas”
Todo esto dependerá del desarrollo de la Ley, y en esto tienen mucho que ver las comunidades autónomas.
Sí, dependerá muchísimo de ellas. Y también de los recursos de los que dispongan. Si se crea un marco normativo excelente, pero tenemos un orientador cada miles de ciudadanos… Necesitamos músculo suficiente, herramientas y coordinación. Hay que ofrecerle un sitio cercano al ciudadano. Nos tenemos que ayudar de las oficinas de empleo, de los observatorios que hay en los territorios, de los sindicatos, las asociaciones empresariales y cámaras de comercio. Todo este apoyo debería cristalizar en un sitio para no volver loco al ciudadano.
¿Qué papel deberían jugar las organizaciones sindicales en el desarrollo y aplicación de la Ley?
Yo creo que su papel es esencial. Son fundamentales a la hora de ofrecer orientación sobre las condiciones de trabajo. Y, ahora que toda la formación pasa a ser Dual y el lugar de trabajo se convertirá en una extensión del centro educativo, su papel va a ser clave.
¿Es factible una FP todo Dual como plantea la Ley? ¿Contamos con recursos suficientes y un tejido empresarial capaz de dar respuesta a las necesidades de formación de todo el alumnado de FP?
Es un reto para la dos modalidades que se contemplan, la general y la intensiva. Desde hace años se realizan estancias formativas en las empresas de aproximadamente 400 horas. En la FP Dual general ahora esas 400 horas serán 500. Es un año más, y se establece que se hagan en más de un periodo si es factible. Los planes formativos van a ser más ambiciosos, con más horas y periodos de estancia en las empresas. Por tanto, tiene que haber más comunicación entre la empresa y el centro, y se consumirán más recursos de tiempo y personas. ¿Se puede? Estoy convencido de que sí. Hace años había dificultad para encontrar empresas, ahora cada vez menos. Por otro lado, tenemos la Dual intensiva, en la que más del 35% de las horas transcurrirán en la empresa. Esto será complejo. Entre otras cosas porque, y esto supone un avance, a partir de 2028 la presencia de estudiantes en las empresas irá unida a un contrato específico que se tiene que regular y que estará ligado al salario mínimo interprofesional durante el tiempo que el alumno se encuentre en la empresa. De 17 modelos de FP Dual, en función de la comunidad autónoma, con resultados diversos y dispares, vamos a pasar a un modelo único, aunque estará matizado obviamente por cada una de las comunidades autónomas. Tendremos que ayudar a formar a los tutores de las empresas y facilitarles toda la información para que se involucren. Ha llegado el momento de que en Formación Profesional nos echen una mano.
Las organizaciones sindicales recelan en parte del aumento de la estancia del alumnado en los centros de trabajo y piden que se garanticen los mismos derechos tanto en los centros educativos como en las empresas. ¿Hay razones para preocuparse?
Los recelos no vienen solo desde los sindicatos, sino también desde los propios centros. La FP Dual general, que aumenta la estancia en empresas hasta las 500 horas y no contempla ningún tipo de compensación al alumnado, puede dar pie a que los estudiantes se consideren una mano de obra más barata. Nosotros desde la asociación también pedimos algún tipo de compensación para el alumnado de esta modalidad y no solo para el de la FP Dual intensiva, donde sí se dará a partir de 2028.
“No queremos una ley que se quede en un mero titular y que no vaya acompañada de los recursos necesarios”
¿Por qué se espera hasta 2028?
Porque hay mucha variedad de casos, comunidades donde se dan becas y otras en las que no, por ejemplo, y se necesita un periodo transitorio para armonizarlo.
¿Serán suficientes las 200.000 plazas que se ha comprometido a crear el Gobierno o seguiremos, como en Madrid y Cataluña, viendo cómo miles de chicas y chicos se quedan sin acceder a los estudios de FP deseados?
No queremos una ley que se quede en un mero titular y que no vaya acompañada de los recursos necesarios. No basta con decir que la educación es gratuita y universal hasta los 16 años. Hablamos, además, de otro derecho recogido en la Constitución, que es el derecho al trabajo. Tanto la Formación Profesional inicial como la Formación Profesional para el empleo, esa que necesitamos a lo largo de la vida, deben ser universales y gratuitas. Aparte, puede haber una oferta de formación privada para aquellas personas que prefieren otros modelos.
El problema ahora es que muchas personas se ven empujadas a la FP privada no por predilección, sino porque, ante la escasez de plazas, no tienen otra opción. Y también hay quienes, directamente, no pueden permitirse ir a la privada y desisten de continuar con sus estudios.
Lo importante es tener plazas suficientes y que quien elija la privada lo haga porque así lo quiere, no porque no haya oferta pública. Las plazas actuales no son suficientes. Muchas veces se nos da la excusa de que faltan plazas en los estudios más demandados, pero de que sobran en otros. Existe muy poca transparencia en los datos públicos. Los recabados por Comisiones Obreras, por ejemplo, hablan de un auténtico drama, especialmente en Grado Medio. Aquí tenemos un problema. Deberíamos invertir dinero en confirmar si de verdad han quedado plazas vacantes mientras otras están sobredemandadas, y especialmente en ver cuál es su nivel de empleabilidad y gastar dinero en una buena orientación. Tenemos que garantizar suficientes plazas y conseguir, a través de la orientación, que haya mayor equilibrio entre oferta y demanda. Y no debemos olvidar que, aunque algunos grados medios tengan poca empleabilidad, muchas veces consiguen que chicos y chicas sigan en contacto con las aulas, descubran su talento y se reconcilien con la educación. Hay que dar opciones a todo el mundo.
Y para eso se necesitan recursos.
En la FP necesitamos dinero, sobre todo para el profesorado y el personal que trabaja en nuestras instalaciones desarrollando tareas auxiliares y de ayuda y apoyo. En este país tenemos infraestructuras de transporte equiparables a cualquier país de Europa; sin embargo, en cuanto a Formación Profesional, viajamos a otra velocidad.
¿Serán suficientes los 5.474 millones de euros de inversión prevista en cuatro años para hacer frente a los desafíos que plantea la Ley?
Para este periodo, sí. Los grupos de trabajo con alumnos, especialmente en Grado Medio y FP Básica, deben ser más pequeños para ofrecer una formación lo más personalizada posible. Necesitamos recursos para bajar ratios y contratar más profesorado. Aquí tenemos otro problema añadido. Y es que hay familias profesionales con una fuerte empleabilidad, sobre todo las que denominamos STEM, en las que tenemos grandes problemas para encontrar profesores porque estamos en pugna directamente con las empresas. Algunas listas de contratación de docentes en algunas comunidades autónomas están tiritando. Urge una estrategia que nos permita atraer talento a la educación. Tenemos dos alternativas. Una sería pagar más. Y la otra, o una combinación de ambas, sería permitir que ese profesional de la empresa pueda dedicar su tiempo de forma parcial a impartir clase. Hay que buscar una fórmula garantista que dé respuesta a este asunto.
Otro problema del profesorado es la alta tasa de temporalidad, que en algunas especialidades supera el 50%.
Es un problema general de toda la educación, aunque particularmente grave en la Formación Profesional, donde se requiere gran estabilidad de la plantillas. Las especialidades son tan complejas que es necesario que el profesor pueda profundizar en su propia especialización dentro del departamento del centro. Ahora hay en marcha un plan de estabilización de las plantillas públicas que esperemos que dé sus frutos. Pero insisto en que en algunas familias profesionales no solo se da el problema de la temporalidad, también existen grandes dificultades para encontrar docentes. Además, en FP la media de edad del profesorado es muy alta. En los próximos años se van a jubilar muchos profesores a los que hay que dar relevo. Si a esto le sumamos que en esos perfiles hay una competencia muy dura con el sector privado, pues tenemos un doble problema.
“Ahora que toda la formación pasa a ser Dual y el lugar de trabajo se convertirá en una extensión del centro educativo, el papel de los sindicatos va a ser clave”
Y siguiendo con el profesorado, la nueva ley crea las figuras de tutores y coordinadores. ¿Cómo se van a articular estos nuevos roles?
Todas esas figuras ya existían, pero se perfilan de otra manera y van a adquirir más relevancia. Aparte del profesor, tal y como lo entendemos, alguien que da clase en el taller y que acompaña y dirige proyectos, y del tutor, que coordinaba la inserción en las empresas, en los centros de trabajo habrá un formador, una persona de la propia organización que atenderá a los alumnos de manera más directa. Para ello tendrá que formarse adecuadamente y la empresa debería reconocerle esa función, a través del salario o de otras fórmulas.
¿Más FP es sinónimo de menos abandono educativo y más empleabilidad tanto para personas jóvenes como personas desempleadas o en activo que quieran seguir evolucionando en sus puestos de trabajo?
No me gusta ligar la Formación Profesional solamente a una especie de apagafuegos. En el abandono educativo intervienen muchísimos factores relacionados con el sistema educativo, pero también con el sistema social. Pero sí, por un lado ayudamos a disminuir el abandono educativo temprano, y por otro funcionamos como una palanca de adaptación, que permite a las personas mejorar su empleabilidad y a las empresas aumentar su productividad. Tendemos a pensar que la FP va a remolque de las empresas. Y esto es así en muchos casos, pero ha habido periodos y sectores donde ha pasado al revés y la FP se ha convertido en una punta de lanza de la innovación, la investigación y el desarrollo del país. Pasó así con las Escuelas de Capacitación Agraria, que lograron la transformación del sector agrícola en España, y con las escuelas de FP de hostelería, de las que han salido grandes estrellas Michelín. Ahora, por ejemplo, podemos ser de gran utilidad en la digitalización de pequeñas empresas y comercios, imprimiendo proyección a sus negocios. En este sentido, también ayudamos a que las empresas se formen y se renueven.
Las universidades también están empezando a poner el ojo en esta formación y hay algunas que ya han anunciado la impartición de determinados ciclos de cara al próximo curso. ¿Qué valoración hace de este modelo híbrido entre lo público y lo privado?
Me parece una mala idea. Hace unas semanas se dio a conocer el caso de la Universidad de Málaga. Cuando lees la letra pequeña, ves que en realidad quien va a impartir los ciclos es la fundación de la universidad, y lo hace, claro, de forma privada. La universidad hace un trabajo estupendo en enseñanzas de grado, posgrado, en investigación. Y recibe financiación pública para ello, no para Formación Profesional. Me gustaría saber qué aporta la Universidad de Málaga que no puedan aportar cualquiera de los centros públicos malagueños. Esto responde a que el 10% de nuestro alumnado, a veces el 15%, son estudiantes que han titulado en la universidad. Por lo tanto, es un tema exclusivamente económico. Parece que, ante el actual descenso demográfico, quieren mantener el mismo número de estudiantes universitarios ampliando su oferta a la FP. La Ley deja claro que quienes tenemos que impartir esta formación somos los centros de FP. No me parece correcto que una universidad pública, a través del subterfugio de una fundación, cree un centro de Formación Profesional. Nos ha costado muchísimo poner la Formación Profesional donde está y ahora los réditos los quieren recoger en la universidad. Otra cosa distinta es que podamos colaborar y hacer proyectos de colaboración conjuntos y afinar las pasarelas.
En resumen, ¿de qué dependerá que la nueva Ley tenga éxito?
De que tengamos recursos de manera sostenida y haya una apuesta por las plazas, el profesorado y los equipamientos. Necesitamos músculo económico y estructura para lleva a cabo los retos que suponen el impulso de la orientación, la transferencia de conocimiento y la internacionalización. Es necesario que haya un consenso de país que nos asegure que, si vienen mal dadas, no se producirán recortes y no se nos tratará como el patito feo.
