Estatuto Docente, igualdad y perspectiva de género

SOMOS CONSCIENTES Y CONOCEDORAS DE QUE EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE UNA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES; y, aunque existen herramientas como los planes de igualad –que sirven para mitigar esta brecha– aún nos queda un largo camino por recorrer. Pero será largo y arduo. Por un lado, porque hablamos de un problema estructural; y, por otro, porque vivimos en una sociedad donde las mujeres han sido sistemática e históricamente excluidas y discriminadas simplemente por su condición de ser mujeres. Romper con esta idea tan arraigada es muy difícil, ya que se trata de generar un cambio profundo en la sociedad.

Si a este problema estructural le sumamos el discurso de la ultraderecha, cada vez más presente, y su perorata dura y crítica contra los logros alcanzados y el avance de las mujeres, el asunto se hace aún más complejo. Es una estrategia que utilizan para poder conseguir atención y espacios donde se les escuche, alegando que son políticas que perjudican a los hombres. Detrás de sus palabras se evidencia que no están por la labor de que las mujeres ocupemos espacios ni consigamos la igualdad, ya que esto supondría avances importantes y una sociedad que prospera, precisamente lo contrario a lo que quieren.

La educación no es una excepción ante esta desigualdad estructural, sino que es un claro ejemplo de ella, pese a lo que podemos pensar.

En un sector muy vinculado con los cuidados, principalmente en la etapa educativa de 0-3, y altamente feminizado, es donde mayor relevancia adquiere la desigualdad. A medida que vamos subiendo en la escalera de las etapas educativas, la presencia de las mujeres va, poco a poco, disminuyendo, dando paso a una mayor presencia de los hombres, tanto en la docencia como en los equipos directivos. Y es sabido que, según se va subiendo de etapa educativa, encontramos mejores condiciones laborales y salarios. En el cuadro de la página siguiente podemos comprobar de forma gráfica esta tendencia.

Claramente lo podemos ver en los cargos directivos, donde la presencia de mujeres directoras en Educación Infantil es de un 94%, reduciéndose en Primaria a un 67% y pasando a un 42% en los Institutos de Educación Secundaria. Estos datos han mejorado considerablemente, aunque no estaría de más
pensar que las administraciones educativas tienen mayores dificultades, hoy en día, para encontrar directores y directoras que se presenten voluntariamente para ocupar dichos cargos, y se vean así en la necesidad de designar a una persona. Siguiendo esta línea de pensamiento y las estadísticas (por ejemplo, en el caso de maestros/as: 82% mujeres frente a 18% hombres), resulta más probable que se designe a una mujer. Ejemplo de ello es lo que sucede este curso en Castilla y León, donde de los 64 centros educativos en los que es necesario cubrir las funciones de dirección, en 19 de ellos no se ha postulado nadie para ocupar dicho puesto.

Negociación urgente

En vista de lo expuesto, se hace imprescindible la negociación y desarrollo del Estatuto Docente con urgencia para mejorar las condiciones laborales de los y las docentes y, con ello, sin duda, la mejora de la calidad educativa (carga lectiva, recursos, jubilaciones, carrera profesional, etc.).

Pero no puede redactarse ni negociarse sin perspectiva de género, que ha de estar presente en todos y cada uno de los puntos, para así alcanzar una igualdad real y efectiva entre los y las docentes del sistema público, romper con el problema estructural, y asumir que la educación es uno de los pilares fundamentales para llegar al ansiado cambio social.

Otro punto también imprescindible, y que es necesario recordar para tener en cuenta en la negociación, es la salud laboral y los posibles riesgos ergonómicos y/o psicosociales de las personas docentes, que en la actualidad no están evaluados ni valorados con perspectiva de género (doble presencia, carga mental, trastornos musculoesqueléticos, entre otros factores).

Esta situación necesita ser revertida. Es urgente una evaluación, ya que los riesgos y las medidas para prevenirlos son diferentes en función del sexo, y es imprescindible dar una respuesta adecuada en función de sus necesidades y peculiaridades.

Una mención importante se merecen los permisos y licencias. En la gran mayoría de los casos son las mujeres quienes los solicitan para llevar a cabo los cuidados de familiares o menores en caso de ser necesario, con lo que esto conlleva tanto para la vida laboral como para la jubilación, la incapacidad, etc. Nuevamente son necesarias medidas que favorezcan una solicitud igualitaria de los permisos y que no penalicen a la mujer.

En cuanto a la formación en el ámbito laboral, como una vía necesaria para la promoción, las mujeres son de nuevo las más penalizadas, ya que en muchas ocasiones, debido a las labores de cuidado que asumen, no pueden acceder a las formaciones impartidas fuera de la jornada laboral, que son la mayoría. Por ello, es indispensable organizar dichas acciones formativas dentro del horario laboral para facilitar el acceso de las mujeres, una reclamación histórica del sindicato.

Estas dinámicas expuestas no son más que el reflejo del problema estructural que persiste actualmente en la sociedad. Así, el estatuto docente debe ser una de las principales herramientas para avanzar y romper con esta realidad y conseguir la igualdad real y efectiva para todas y todos. CCOO, como sindicato de clase, exige un estatuto para que se reconozca la profesión docente, pues esta solo será dignificada en la práctica con un marco normativo que, necesariamente, tenga en cuenta esa perspectiva de género.

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