El acuerdo de recolocación garantiza la viabilidad futura de los centros educativos privados concertados de iniciativa social de Euskadi

Estudios previos realizados han demostrado que el ritmo de jubilaciones en los centros concertados, sobre todo si se fomentan con alguna medida, va a ser mayor, durante estos cinco o diez años futuros, que el ritmo de destrucción de puestos de trabajo que va a conllevar el descenso de matriculaciones. Ante esta perspectiva, CCOO Irakaskuntza, ELA y Steilas, los tres sindicatos firmantes del acuerdo, orquestamos un sistema de recolocación para aquellos centros que se vean obligados a despedir a personal excedente por cierre de aulas, sistema que viene posibilitado y determinado por la necesaria creación de vacantes en los centros en los que se producen jubilaciones. Entendíamos por ello, que la jubilación anticipada a través del contrato de relevo era y es, una oportunidad inmejorable para fomentar este trasvase de trabajadores de unos centros a otros. 

Para poner en marcha este sistema, necesitamos la concurrencia y ayuda del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y sólo ante la fuerza de la movilización, sobre todo de los años 2018 y 2019, y la repercusión social de las huelgas en el sector, tanto patronales como Departamento de Educación se sentaron, por fin, con los sindicatos  para negociar el histórico acuerdo de fin de huelga de noviembre de 2019 y el compromiso de la administración de negociar un acuerdo de recolocación.

Y sí, digo patronales, en plural, porque AICE-IZEA, a pesar de no firmar el acuerdo de fin de huelga, sí es firmante del convenio colectivo que lo recoge, y también es firmante de los acuerdos económicos con el Departamento de Educación para el cobro de las ayudas que el Gobierno Vasco ha dispuesto para favorecer las jubilaciones parciales anticipadas, condicionadas por la adhesión al acuerdo de recolocación. Esta patronal se ha mostrado siempre muy comodona, dejando el grueso de la negociación, el trabajo que conlleva, pero sobre todo la responsabilidad de hacerlo bien, casi siempre en manos ajenas. Su actitud en estos diez largos años de negociación ha sido siempre la de “dejar  hacer” y asumir la defensa de sus intereses y la relativización de sus obligaciones en manos de terceros. Ahora, esta actitud tan discipliente que ha sostenido, quizá haga que le resulte muy difícil asumir los compromisos y obligaciones que, a los que hemos puesto toda la carne en el asador para conseguir un buen acuerdo, tanto trabajo, esfuerzo, preocupación y disgustos nos ha costado. Ahora, que llega el momento de recolocar, nos encontramos con centros de esta patronal que van variando posiciones entre el “no sabía”, o el “nadie me ha dicho”, “a mí no me afecta” o incluso en el colmo de la desfachatez, “yo no he firmado”. Os puedo asegurar que en el momento de cobrar las ayudas públicas, a ningún centro le tiembla el pulso para abrir la mano; pero cuando se trata de hacerlo para que una persona de un centro ajeno, que tras años de trabajo pierde su empleo porque la falta de alumnos obliga al cierre de una aula, pueda ocupar el puesto que deja alguien que se jubila en el propio, todo son problemas, dificultades, maniobras, e incluso, directamente, mentiras. Parece que para AICE-IZEA, y para algunos (que no todos) los centros que la integran, una cosa es conseguir la paz social, terminar con las huelgas, y conseguir que todo vuelva a la normalidad y la calma, con todos el personal trabajador en su puesto y los clientes contentos y satisfechos, y otra muy distinta es asumir y cumplir con todos los compromisos que ello conlleva.

Con Kristau Eskola los problemas no son menores. Este, es un acuerdo de recolocación que busca ser justo, y para ello no podemos sino establecer criterios lo más objetivos posible. Buscamos que las empresas trasladen a su personal trabajador, con transparencia, y a través de los delegados sindicales y comités, la información necesaria para poder establecer qué personas van a verse obligadas a perder su empleo en caso de cierre de aulas.

En el acuerdo se ha plasmado el objetivo de que sea la persona de “mayorme antigüedad en el centro” porque pensamos que una persona no tiene por qué ser, necesariamente, la afectada por el despido por la desaparición de “su” aula o de un aula en su etapa, cosa que pretende la patronal. Este acuerdo busca impedir la destrucción de empleo estable, por lo que es compresible que, teniendo la titulación necesaria, el personal con mayor antigüedad, se reubique en su propio centro, realizando los ajustes necesarios para que, en la medida de lo posible, la persona afectada por un despido sea la que acumula menor antigüedad en todo el centro. Es lo más justo, lo más objetivo, sin impedimento de que, tal y como demanda Kristau Eskola y recoge el propio acuerdo, se puedan estudiar excepciones, que en todo caso serían aprobadas, en última instancia, por la comisión de recolocación, que es paritaria entre sindicatos y patronales. 

Este es un acuerdo que, a su vez, busca ser honesto. Por lo que a través de la presentación a la representación legal de las personas trabajadoras de  de una relación de las vacantes que se originen anualmente por la firma de los contratos de relevo, favorecidos por las ayudas conseguidas a través de los acuerdos con la administración, ésta pueda certificar cuáles son las plazas que se pueden ofertar para intentar la recolocación de esas personas que han pedido su empleo. En este punto, especialmente, hace falta una claridad y una transparencia a la que se resisten muchas empresas. Algunas no terminan de presentar unas relaciones de todos los puestos de trabajo que hay en el centro de una manera clara y comprensible para los delegados y las delegadas que son miembros de las comisiones de recolocación de centro. Buscando no tener que ofertar esas plazas a la bolsa de recolocación, para mantener el derecho de la libre contratación (muy lícito) pero beneficiarse, a su vez de las ayudas a la formalización de los contratos de relevo que procura este acuerdo de recolocación, se emplean en las más diversas de las estratagemas para ocultar, disfrazar o tergiversar la información, presionando incluso a las comisiones de recolocación de centro para que certifiquen, con su aval, informaciones que no han recibido. La mayoría de los centros preferirían, y es comprensible, poder utilizar esas vacantes para convertir en estable el empleo de personal contratado de forma eventual, personal que ha pasado el proceso de selección llevado a cabo por la empresa, en vez de tener que “arriesgar” por un desconocido o desconocida que proviene de otro centro, congregación o patronal, por el acuerdo de recolocación. Pero no debemos olvidar que ese personal es eventual porque la empresa, en su momento, optó por firmar con esta persona un contrato precario antes que uno estable e indefinido. Los sindicatos defendemos y defenderemos siempre el empleo estable, pero este es un acuerdo de recolocación y ese es, y debe ese ser y no otro, su objetivo último. Defendemos y sostenemos  que el acuerdo de recolocación no debe, tampoco, ser impedimento para que las personas ya contratadas de forma eventual en el centro tengan la oportunidad de optar a las plazas que puedan quedar vacantes por jubilación a través del contrato de relevo, pero no puede ser sino en igualdad de condiciones, teniendo primero preferencia quien tenga mayor antigüedad en la bolsa de recolocación (no es imposible que sea igual) y segundo, mayor antigüedad en el sector. 

Y este es, por último, un acuerdo que queremos que sea claro, que nos dé seguridad jurídica, tanto a sindicatos como a patronales, pero sobre todo, y por lo que aquí toca, a los trabajadores y trabajadoras que tienen que decidir si quieren optar a la recolocación o prefieren seguir otro rumbo. Demasiadas incógnitas nos ha dejado en el aire el Departamento de Educación, que, en su anterior legislatura nos presentó en el formato “lo tomas o lo dejas”, tan de su gusto, un acuerdo ya cocinado y con muy poco margen para aportar nada, y que ha resultado estar redactado de una manera muy gruesa, dejando grandes incógnitas, y no pocas incertidumbres, que este nuevo Departamento de Educación, salido de las elecciones de julio, no termina de aclarar. 

La más importante de estas incógnitas es que si toda aquella persona trabajadora que no quiera arriesgarse a perder una indemnización que, como consecuencia de su despido, legalmente le corresponde, podrá o no optar a ser recolocada posteriormente si elige su cobro. No menos importante es que el Departamento, comprometido a asumir la antigüedad con que se contaba en el momento del despido (entendemos que su complemento retributivo) de las personas recolocadas, no termina de aclarar durante cuánto tiempo asume ese pago, si sólo durante la vigencia del presente acuerdo, o hasta que la persona abandone el sector, bien por jubilación o bien por cambio de actividad o red. Y somos conscientes de que las patronales ponen al Departamento en su  “debe” algunas otras aclaraciones que no termina de ofrecer.

Todos estos problemas ensombrecen con negros nubarrones la viabilidad futura de nuestros centros, que, en vistas de las tasas de natalidad y matriculación, ya era bastante gris, y que sólo puede aclararse a través de este acuerdo de recolocación que, sin ninguna duda, entre todos y todas, tenemos que defender como propio, porque propia puede ser la necesidad que tengamos cualquiera de nosotros de hacer uso de él. Y no es egoísmo, es solidaridad pura y dura, que es lo que nos caracteriza a las Comisiones Obreras.