El personal de apoyo educativo (PAE), esencial para garantizar que ninguna niña, niño o adolescente se quede atrás, atraviesa una crisis de reconocimiento y condiciones laborales que ha estallado en mayo con una marea de huelgas y movilizaciones en sector del 0-3 en todo el país.
En las escuelas infantiles el personal reclama el reconocimiento pleno del carácter educativo de su labor, y no solo asistencial. Las quejas se centran en:
- Ratios desfasadas: la normativa actual permite hasta 8 bebés por educadora, o 20 niñas y niños en el tramo de 2 a 3 años, cifras incompatibles con una atención de calidad.
- Brecha salarial: en muchos casos, los salarios de estos y estas profesionales apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional, a pesar de la alta responsabilidad y carga física y emocional del puesto. En este sector, el 97% de las profesionales son mujeres.
El malestar no es solo económico. La sobrecarga burocrática, la sensación de abandono institucional y el poco reconocimiento social han creado un clima de burnout o desgaste profesional que está provocando una fuga de talentos hacia otros sectores menos exigentes y mejor remunerados.
Por otro lado, los y las profesionales del PAE que trabajan en los centros de Educación Especial y en las aulas de inclusión con alumnado con necesidades educativas especiales, técnicos/as de Integración Social (TIS), auxiliares educativas o educadoras/es de Educación Especial, fisioterapeutas, etc.) comparten hoy un sentimiento común: el agotamiento. Este colectivo, pieza clave para garantizar el derecho a la educación del alumnado más vulnerable, se enfrenta al malestar emocional y físico. Este ha escalado y las trabajadoras y los trabajadores denuncian que las conductas desafiantes o agresivas de algunos miembros del alumnado se gestionan como un problema pedagógico, cuando en realidad son también un riesgo laboral no evaluado.
«He tenido bajas por esguinces y contusiones tras contener a un estudiante en plena crisis. Lo que más duele no es el golpe, es que la Administración te diga que ‘va en el sueldo’ o que el protocolo sea simplemente rellenar un parte de incidencias que no llega a nada», explica un técnico con 15 años de experiencia.
¿Por qué está aumentando la incidencia?
Desde CCOO señalamos tres factores clave que están agravando el problema:
- Falta de formación específica: muchos y muchas profesionales deben atender patologías complejas (como trastornos graves de conducta o perfiles psiquiátricos) sin haber recibido formación suficiente previa en técnicas de desescalada verbal o contención física segura.
- Ratios asfixiantes: cuando un/a profesional debe atender a tres estudiantes con perfiles de alta demanda, la vigilancia preventiva falla. La prevención de una crisis requiere tiempo y observación, algo imposible cuando se está «desbordado».
- Envejecimiento del alumnado: en los centros de Educación Especial, el personal técnico acompaña alumnado que tiene cuerpos de adulto y una fuerza física considerable, pero con niveles de autorregulación muy bajos.
El vacío legal y la falta de protección
A diferencia del personal docente, que en muchas comunidades autónomas tienen la consideración de «Autoridad pública», el personal de apoyo a menudo se encuentra en un limbo jurídico. Si sufren una agresión, el respaldo legal es mucho menor.
- Ausencia de Equipos de Protección (EPI): en casos extremos de alumnado con conductas de mordida o arañazos, el personal trabajador ha llegado a comprarse de su propio bolsillo manguitos de protección, ante la negativa de las consejerías a suministrarlos por «no estigmatizar al alumnado».
- Protocolos obsoletos: muchos centros siguen aplicando protocolos de los años 90 que no contemplan la realidad de los trastornos de conducta actuales ni la salud mental de las personas trabajadoras tras el incidente.
El impacto: el síndrome del «cuidador quemado»
Las consecuencias de estas agresiones no son solo físicas. El estrés postraumático y la hipervigilancia (estar en alerta constante esperando el próximo golpe) están disparando las bajas psicológicas. El colectivo denuncia una «doble victimización»: la que sufren por el golpe del alumnado y la que sufren por la incomprensión de unas administraciones que prefieren mirar hacia otro lado para no admitir que la inclusión, sin recursos humanos suficientes, no garantiza una calidad educativa y puede ser un peligro para ambas partes.
Las propuestas del colectivo y de CCOO
Para frenar este gran aumento de bajas, desmotivación y desilusión, el personal de apoyo educativo exige:
- Equipos multidisciplinares reales: presencia de enfermería escolar y psicología en todos los centros con alumnado NEE.
- Reconocimiento de la peligrosidad: complementos salariales por penosidad y turnos de descanso tras incidentes graves.
- Adaptación de espacios: aulas de calma y espacios diseñados para minimizar estímulos que detonan las crisis.
La postura de las y los profesionales es firme: proteger a la persona trabajadora es, en última instancia, proteger al alumnado, ya que un/a profesional herido/a o con miedo no puede ofrecer la atención empática y serena que niñas, niños y jóvenes necesitan.
La comunidad educativa coincide: sin personal de apoyo motivado y bien dotado, la «escuela para todos y todas» es un eslogan vacío. El sector no se conforma con agradecimientos, sino que exige dignidad y recursos.
