Por eso, el inicio del trámite parlamentario de la Ley sobre jornada lectiva y ratios no ha sido una concesión gratuita del Gobierno: es el resultado directo del trabajo y la perseverancia –entre otros– de la Federación de Enseñanza de CCOO, que ha mantenido esta reivindicación en la calle, en las mesas de negociación y en cada conflicto laboral vivido en los centros.
No me resisto a rescatar aquí la reflexión que hacía recientemente Ana Iris Simón en un artículo de prensa en relación con que los problemas reales de la clase trabajadora llevan tiempo arrinconados por muchos motivos, entre ellos, el declive del mundo sindical. Por una parte, las y los docentes somos clase trabajadora, no se nos debería olvidar. Y, por otra parte, uno ha perdido la cuenta de cuántas huelgas, manifestaciones, concentraciones, denuncias públicas o asambleas en los colegios o institutos hemos llevado a cabo desde CCOO en los últimos años sobre el tema que nos ocupa hoy.
Pero, con extrañeza, me pregunto si no será el algoritmo, ese nuevo dios incomprensible como lo define Jorge Carrión, quién se estará encargando de que la realidad de esa lucha y esa perseverancia se esté ocultando. De todas formas, por mucho que se empeñen algunos, el sindicalismo de clase sigue y seguirá presionando, negociando y consiguiendo derechos, por cierto, sin gambas y con ellas. Gracias, Manu Sánchez por darnos permiso a las y los sindicalistas para comerlas.
La aprobación del proyecto de Ley en el Consejo de Ministras y Ministros abre una oportunidad importante para mejorar las condiciones laborales del profesorado y, con ello, la calidad de la educación pública. Pero no basta con abrir una puerta: ahora hay que atravesarla. Y hacerlo sin rebajas. La educación pública es nuclear y no es neutral. Es ese artefacto que, como decía Hannah Arendt, debemos tomarnos muy en serio si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad sobre él. Piénsalo.
Durante demasiado tiempo, el profesorado ha soportado jornadas lectivas excesivas, aulas masificadas, sobrecarga burocrática y una creciente complejidad educativa sin los recursos necesarios. Mientras aumentaban las exigencias sociales hacia la escuela pública, las administraciones respondían, muchas veces, con recortes, precariedad y discursos vacíos sobre calidad, excelencia, dedicación, etc. La realidad cotidiana en los centros dista mucho de esas declaraciones institucionales: docentes agotados/as, plantillas insuficientes y un alumnado que necesita más atención de la que el sistema permite ofrecer.
Por eso esta Ley importa. Porque reducir ratios y aliviar la jornada lectiva no es un privilegio corporativo. Es una necesidad educativa y social que va a repercutir en las y los docentes, en nuestros hijos e hijas, y en el conjunto de la sociedad.
Cada alumna y alumno necesita tiempo, atención y acompañamiento. Y eso es incompatible con aulas saturadas y profesorado desbordado. La educación inclusiva no puede sostenerse únicamente sobre la buena voluntad de quienes trabajan en los centros. Hace falta inversión, planificación y plantillas suficientes.
Un avance necesario
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que el alumnado con necesidades educativas especiales compute doble a efectos de ratio. Es un avance necesario porque reconoce una evidencia que el profesorado lleva años denunciando: atender adecuadamente la diversidad requiere más recursos humanos y materiales. Sin embargo, la medida se queda corta si no se amplía a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y también al alumnado repetidor, cuya atención exige igualmente más tiempo y más acompañamiento pedagógico.
No podemos seguir sosteniendo un modelo que proclama la inclusión mientras deja a los centros solos frente a realidades cada vez más complejas. La diversidad no puede convertirse en una carga invisible que recaiga exclusivamente sobre docentes exhaustos. Cada estudiante con dificultades debe tener garantizado el apoyo de especialistas y cada centro debe contar con las plantillas necesarias para hacerlo posible.
Además, la reducción de ratios no puede limitarse a determinadas etapas. Es imprescindible extenderla desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional. Precisamente allí donde existen mayores dificultades sociales, económicas o educativas es donde más urgente resulta disminuir el número de estudiantes por aula.
Hablar de igualdad de oportunidades mientras se mantienen unas ratios desorbitadas en muchos centros educativos no solo es una contradicción imposible de ocultar, sino que es una falsedad que contribuye poco a poco, soterradamente, a debilitar la democracia. Ya lo señala la filósofa Martha Nussbaum cuando sostiene que la educación es la base de una democracia saludable, a la vez que nos advierte que esta “crisis silenciosa” que sufre pone en riesgo la libertad global. La de verdad, no la de la de tomar cañas.
La situación del profesorado exige una respuesta integral. La mejora de las condiciones laborales no puede fragmentarse en medidas parciales ni aplazarse indefinidamente. El sindicato continúa defendiendo un Estatuto Docente que dignifique la profesión y garantice derechos largamente reclamados: el reconocimiento del grupo A1 y la subida de nivel para todo el profesorado, la jubilación anticipada y gratificada, la reducción real de la burocracia, y las medidas efectivas de salud laboral y atención específica a los riesgos psicosociales que afectan cada vez con más intensidad al colectivo docente.
El trámite parlamentario servirá para comprobar quién está realmente comprometido con la educación pública y quién se limita a utilizarla como herramienta partidista para hacer política oportunista y electoralista. CCOO seguirá presionando para que la Ley salga adelante, pero también para que salga mejorada. Porque reducir ratios y jornadas es solo el comienzo.
La escuela pública necesita más recursos, más reconocimiento y más derechos. Y no puede esperar más.
