En muchos territorios no ha habido contratos “refuerzo Covid-19” y en los que sí se mantienen lo hacen solo hasta final de este curso (Castilla y León y Cataluña) o hasta fin de año (Euskadi y Castilla-La Mancha). En otros, como Andalucía, se ha recurrido a empresas privadas para los servicios de limpieza o para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, y en Galicia no hay refuerzos a pesar de la petición reiterada de CCOO. En la Comunidad de Madrid también ha disminuido el número de profesionales para atender las necesidades y reforzar las plantillas con respecto al curso anterior.
En cuanto a la temporalidad en el PAS educativo, incluyendo personal laboral y funcionario, el porcentaje medio a nivel estatal está en el 51%, lo que significa que uno de cada dos trabajadoras y trabajadores educativos es temporal, ya sea interino y ocupe una plaza dotada presupuestariamente, esté haciendo una suplencia por incapacidad temporal o tenga un contrato de obra y servicio, circunstancias de la producción, etc.
Los datos de temporalidad varían y fluctúan en todo el territorio, con unos máximos en País Vasco, Cataluña, Navarra, País Valencià y Madrid, entre el 60% y el 70%, y mínimos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, entre el 10% y el 20%. Dichos porcentajes también varían entre las diferentes categorías profesionales, puesto que hay algunas de ellas que nunca han tenido un proceso selectivo, por lo que la precariedad laboral es muy grande.
Los acuerdos alcanzados por CCOO con el Ministerio de Función Pública permitirán una reducción de la temporalidad en las administraciones públicas hasta lograr el 8% antes de finales de 2024. Para poder conseguirlo, en nuestro sector sería necesario hacer una oferta de empleo público de más de 23.200 plazas de estabilización, a las que habría que sumar las correspondientes a la tasa de reposición de cada año hasta la fecha límite fijada en el acuerdo.
Los objetivos de CCOO en lo referente al empleo y su estabilización, por los que seguiremos trabajando y presionando a las administraciones hasta conseguirlo, son recuperar el empleo perdido y acometer los procesos de rejuvenecimiento de las plantillas, y agilizar los procesos para reducir la temporalidad en el sector con las máximas garantías jurídicas.
