Precariedad y salud laboral

LA REFORMA LABORAL DE 2021, EN COMPARACIÓN CON LAS PRECEDENTES, junto con las continuas subidas que ha experimentado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los últimos años, ha supuesto un cambio sustancial sobre las condiciones de vida de las personas trabajadoras, en especial de aquellos colectivos más vulnerables.

La apuesta realizada se aleja de las tendencias de flexibilización de la normativa laboral, para centrarse en la estabilización del empleo, la mejora de la calidad (a través de la reducción de la temporalidad) y el incremento de las retribuciones mínimas, medidas que contrastan con aquellas más traumáticas para la clase trabajadora, en las que se anteponían los intereses patronales en la búsqueda de la maximización de beneficios mediante el abaratamiento y facilidad del despido. No solo eran precarios los empleos, sino también las condiciones laborales. Así, las consecuencias fueron demoledoras para la clase trabajadora. La inestabilidad, la temporalidad y las continuas salidas y entradas del mercado de trabajo fueron la tónica habitual.

A todo ello, hay que añadir el hecho de que la normalización de esa precariedad, que una buena parte de la sociedad ha asumido, fruto del borrado de los derechos laborales, junto con la progresiva aceptación de privatizaciones y recortes sociales –como si no hubiera alternativa–, se encarnizó en algunos colectivos (mayores de 55 años, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes…), afectando a su vida personal y familiar, y repercutiendo sobre su salud.

La correlación entre precariedad y salud es más que evidente. Existen estimaciones que sitúan en alrededor de un 10% las muertes cuya causa puede estar relacionada con el trabajo, siendo las más importantes los tumores y las enfermedades circulatorias. Sin olvidarnos de la salud mental, muy ligada a las condiciones de trabajo, a la organización y a la ocupación, y que pueden generar efectos devastadores para las personas, tal como recoge un informe de la Confederación de CCOO en el que, por ejemplo, se concluye que a cuatro de cada diez personas su empleo les provoca tristeza, irritabilidad, tensión o nerviosismo. Así pues, el riesgo es extremadamente elevado en un país en el que la pobreza laboral afecta a más de 5 millones de personas, muchas de ellas en la enseñanza privada y en los sectores socioeducativos, bajo el paraguas de algunos convenios colectivos con deplorable regulación de las condiciones laborales.

Por ello, la legislación y la negociación colectiva tienen que seguir siendo la punta de lanza en la mejora de las condiciones de trabajo. Es necesario avanzar en cuestiones como la desconexión digital, la reducción de la jornada, la regulación de la flexibilidad, las retribuciones, la estabilización o la hora de salida. Solo así podremos aspirar a dejarnos de mirar el ombligo para poder mirarnos a la cara.

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Pedro Ocaña

Secretario de Privada y Servicios Socioeducativos