Ambas medidas intentan restaurar las posiciones ventajosas que han tenido en el pasado los poderosos y restringir la potencia de las organizaciones sindicales que defienden los derechos de la clase trabajadora.
En definitiva, nada novedoso, revolucionario ni innovador; nada que anuncie un futuro mejor. Es una cucharada del mismo remedio que nos dio la dictadura militar en los años 70 –un genocidio que dejó 30.000 personas detenidas, desparecidas y asesinadas, entre las cuales había más de 700 docentes–; el plan de ajuste menemista de los años 90 o el fallido gobierno de Mauricio Macri: libertad para los mismos de siempre; para nosotros y nosotras, miseria y represión.
En cuanto a los cambios que propone Milei en el ámbito educativo, solo vemos retrocesos, ya que:
- Se insiste con la declaración de “servicio esencial” de la actividad educativa, con el objetivo de limitar el derecho de huelga. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dice: “El derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, y de sus organizaciones, pues constituye un medio legítimo de defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales”. La huelga, como la protesta social, es solo una manifestación de una situación conflictiva previa. Imprescindible en un país como el nuestro, con alarmantes niveles de pobreza e indigencia, con desempleo, subempleo y trabajo no registrado en proporciones inéditas; con salarios que, en muchos casos, no superan el nivel de pobreza; con importantes sectores de la sociedad con enormes dificultades para acceder a la salud, a la educación, a una alimentación sana, a la vivienda, a los servicios públicos indispensables (luz, agua, alcantarillado, etc.).
- Establece una evaluación para las y los docentes que se incorporan al sistema “mediante un examen que certifique las capacidades y conocimientos adquiridos”. Desde nuestra organización decimos que cada docente que se reciba en una institución de formación y haya obtenido su título profesional correspondiente ya tiene la habilitación para ejercer la profesión, sin ninguna necesidad de rendir un examen de admisión. ¿O acaso a un médico recién recibido le hacen operar a un paciente de prueba o a un ingeniero en la misma situación le hacen hacer un puente para ver si se cae o no? A su vez, plantea una evaluación periódica como condición para permanecer en el sistema: “Revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada cinco (5) años mediante un proceso de evaluación continua”. Esto constituye un hecho discriminatorio punitivo, de coerción, instalando un sistema de evaluación sancionatorio que abre la posibilidad del pago por mérito y/o cese en el cargo, vulnerando el derecho a la estabilidad laboral que garantizan los sistemas concursales.
- Impone una evaluación al finalizar los estudios secundarios para que se “midan” los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por las y los adolescentes que egresan. Además, vulneran la identidad de docentes e instituciones con la modificación que pretenden hacer sobre el Art. 97 de la Ley de Educación Nacional vigente (26.206), en la que claramente se establece el cuidado de estas identidades a fin de evitar cualquier forma de estigmatización.
- Habilita los estudios a distancia a partir del segundo ciclo de Primaria (desde los 9 años). Esta medida puede parecer avanzada, ya que favorece la incorporación de dispositivos y recursos tecnológicos en los procesos educativos. Sin embargo, esto también puede significar una descualificación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, favorecer el avance privatizador a través del ingreso de las corporaciones y plataformas que lucran con la educación, y una desvalorización de la importancia que tiene la presencialidad en los espacios físicos de las escuelas (interacción, vínculos, encuentros, socialización, etc.). Solo basta recordar lo acontecido en la pandemia para pensar seriamente las formas y los sentidos de la incorporación de la virtualidad en las escuelas. A su vez, imponer la educación a distancia, sin la garantía de una equitativa disposición y distribución de dispositivos, conectividad, recursos, tiempos y espacios adecuados, deviene en la profundización de las desigualdades, y en más exclusión e injusticia social.
También desde CTERA se rechaza la Ley Ómnibus, ya que declara una “Emergencia Previsional” que habilita al Ejecutivo a hacer reformas en materia jubilatoria sin ningún tipo de restricción, lo que le permitiría modificar, por ejemplo, las condiciones de acceso a las prestaciones previsionales y, por supuesto, atentar contra los regímenes especiales, como el Régimen Docente Nacional. También podría perjudicar al financiamiento nacional de las cajas provinciales. Además, favorece la contratación sin cobertura social de los y las trabajadoras, condona la deuda por capital e intereses de las patronales, y deja al sistema previsional sin respaldo y debilita el actual sistema público solidario y de reparto, abriendo la puerta al regreso de los sistemas privados de capitalización.
Junto a otras organizaciones sindicales y sociales estamos en estado de alerta y movilización para resistir frente a este avance de las políticas neoliberales y neoconservadoras que pretenden instalar un modelo autoritario de opresión, ajuste que hoy ya está sufriendo la gran mayoría del pueblo argentino. CTERA, junto a nuestra central, la CTA, y las centrales obreras hermanas, realizamos un Paro Nacional en defensa de la Constitución, la Democracia, los Derechos Humanos, laborales y sociales, nuestra jubilación y la educación pública. Con lucha y solidaridad de clase, ¡venceremos!
