Y también han sido menospreciadas en sus condiciones laborales con sueldos cercanos al SMI, convirtiéndose en trabajadoras pobres.
La atención directa a las niñas y niños es de 35 horas semanales, sin disponer de jornada indirecta para atender a las familias, y preparar y evaluar las sesiones. Además, tampoco disponen de apoyos educativos suficientes para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Por otra parte, estamos delante de un sector feminizado en un 97%, con un claro suelo pegajoso, término que desarrolló, en 1992, Catherine White Berheide para explicar cómo el sistema patriarcal perpetúa a las mujeres en trabajos sin reconocimiento social y con bajos salarios.
En estas últimas semanas, las televisiones y la prensa han abierto sus portadas con imágenes de estas trabajadoras con sus camisetas amarillas. Esta lucha ha sensibilizado a una gran parte de la ciudadanía haciéndoles conscientes de la precariedad de esta etapa. Esta concienciación poco a poco se ha ido convirtiendo en apoyo.
El punto de inflexión fue la huelga del 7 de mayo. Ese día, CCOO convocó a las 61.000 trabajadoras del sector, con un 75% de seguimiento. Un éxito aplastante de la primera huelga del sector a nivel estatal donde estaban llamadas todas las titularidades. Las profesionales salieron a la calle masivamente a gritar: “basta ya, queremos soluciones”, “nosotras educamos, no guardamos”… Es hora de fijar una normativa con el reconocimiento y las soluciones que esta etapa exige. Queda un largo camino, en el que el Ministerio de Educación, las CC. AA., ayuntamientos y patronales han de mover ficha, y situar la calidad y la dignidad como la primera prioridad para el 0-3. Si no lo hacen, ahí estaremos CCOO para seguir dando la batalla.
Volvamos al principio y recordemos el malestar de estas trabajadoras. ¿Podría ser que este malestar esté creciendo más allá del 0-3? Está claro que sí. Analizando la realidad educativa se puede observar con claridad que todo el personal docente está viviendo una situación similar.
Desde los recortes de 2012 ha ido in crescendo un malestar constante en la profesión, seguido por la pandemia y por el aumento de la complejidad en las aulas. En los últimos seis años, se ha incrementado un 75% el alumnado con necesidades educativas, mientras que los recursos humanos y económicos para atender esta diversidad solo han aumentado un 26%. A estos datos alarmantes, hemos de añadir la pérdida de reconocimiento y auctoritas de la profesión docente; y, en paralelo, una disminución de los salarios por esos recortes, la inflación y el incremento de los precios de la vivienda. Si sumamos estos agravios, nos da como resultado una tormenta perfecta que se va articulando como una lluvia de indignación que ha tenido su impacto en huelgas como las de Asturias, Cantabria, Aragón, Extremadura, Catalunya o País Valencià.
Esta lluvia de indignación, en su mayoría, no ha encontrado respuestas plenas a sus demandas en las administraciones educativas. No se están dando soluciones a los retos que la educación necesita. Demandas de las profesionales, como la simplificación de la burocracia, no están siendo escuchadas.
Vamos a concretarlo un poco más con datos:
- La inversión en educación tendría que ser como mínimo del 6% del PIB, como las instancias educativas internacionales recomiendan, y solo llega a 4,48% (2024).
- El 24% de los centros educativos son de alta complejidad y no disponen de los recursos necesarios para atender con calidad, inclusión y equidad al alumnado más vulnerable. 20 años después, gran parte de las medidas de la LOE sobre equidad están pendientes de implantar y de que se realice su desarrollo normativo.
- El trabajo docente es mucho más que la impartición de clases. El personal trabaja un promedio semanal de 45 horas, cuando su horario no debería superar las 37,5 horas.
- El estrés entre el profesorado es de un 14%, cifra que se ha duplicado en los últimos 6 años.
- Hace más de 50 años que el personal docente espera un Estatuto Docente que implemente la subida al A1 y de nivel de todos los cuerpos, la jubilación anticipada, una regulación específica de la salud laboral con especial atención a los riesgos psicosociales, la actualización del ingreso y acceso a la profesión docente, la mejora de formación inicial y permanente, y una carrera profesional docente, entre otras medidas.
- La urgente mejora del mantenimiento y climatización de los centros educativos.
Ante estos retos y demandas históricas parecía que el Proyecto de Ley de jornada y ratios brindaría la reducción del horario lectivo en los centros públicos, y que las patronales se verían obligadas a asumir su equiparación real en los centros concertados. Además, la reducción general de ratios, unida a la medida fundamental de que el alumnado con necesidades educativas especiales contara doble a efectos de ratio, ayudarían y darían un poco de aire fresco al sistema y a sus profesionales en la fallida legislatura del profesorado. Hoy, vemos muy cuesta arriba que los grupos parlamentarios vayan a anteponer las necesidades del sistema educativo, uno de los pilares más importantes del Estado del bienestar, a sus intereses cortoplacistas.
Las consecuencias de la no aprobación del Proyecto de Ley de jornada y ratios, y de no avanzar en el resto de medidas, no sabemos a dónde llevarán al personal docente. ¿A otra ola de camisetas amarillas, verdes o rojas? No lo descartemos. Pero lo que sí tenemos claro desde CCOO es que es más imprescindible que nunca aunar esfuerzos con toda la comunidad educativa: sindicatos, familias, estudiantado, movimientos de renovación pedagógica y academia, y la sociedad civil. Nos hemos de plantar y decir hasta aquí hemos llegado. Queremos una educación universalmente digna para todas y todos, y queremos que el personal docente y el de apoyo educativo tengan las condiciones laborales que necesitan para realizar su tarea con calidad, inclusión y equidad.
