Son estas mismas administraciones públicas las que:
- Al tiempo que, mediante el estrangulamiento presupuestario cuestionan su crecimiento y desarrollo y comprometen su funcionamiento diario (los ejemplos de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Málaga y el más reciente de la Universidad de Sevilla, son avisos de lo que está por llegar),
- favorecen el crecimiento incontrolado de universidades privadas, que se benefician de la dificultad, cuando no imposibilidad, de las públicas para ofrecer nuevas titulaciones o aumentar la oferta de plazas en las más demandadas por dicha falta de recursos presupuestarios.
Y siempre con el argumento de:
- La libertad de elección y de empresa, elección que no es tal y que restringe el acceso a la formación universitaria a quienes puedan pagárselo o empeñarse mediante préstamos personales o créditos al consumo que asfixian económicamente cada vez a más familias (donde el 13,8% de los créditos al consumo se destinan para pagar los estudios, con un aumento de casi el 60% en los últimos cinco años),
- y la búsqueda de la calidad, ausente en buena parte de estas nuevas universidades privadas.
Así se ignora el papel de la universidad como elemento esencial de progreso social y económico en este país, e imponiendo una limitación cada vez mayor en el acceso a la universidad en función de la realidad social y económica de las familias, garantizando plenamente este derecho solo a quienes puedan pagarlo.
El marco estatal de financiación: el gran ausente
La Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) establece en su artículo 55 que “las Administraciones Públicas dotarán a las universidades de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera que les permita dar cumplimiento a lo establecido en esta ley orgánica y asegurar la consecución de los objetivos en ella previstos”. Esta obligación legal no es solo un compromiso administrativo, sino una inversión esencial para el desarrollo social y económico a nivel nacional y autonómico.
Para dar cumplimiento a lo establecido en la LOSU, el 20 de noviembre de 2024 se constituyó la Comisión de Trabajo para establecer el incremento del gasto público para alcanzar el objetivo del 1% del PIB destinado a la financiación de las universidades públicas. Sin embargo, desde esta primera reunión, esta mesa solo se ha reunido en dos ocasiones, siendo la última el 24 de octubre de 2025, sin ningún calendario de reuniones futuras.
CCOO considera la actitud del Ministerio de Ciencias, Investigación y Universidades (MICIU), al no convocar la mesa y avanzar en esta cuestión, como una clara dejación de sus funciones. Resulta imprescindible un plan de financiación conjunto entre el MICIU y las CC. AA. que garantice la aplicación de este compromiso, pero no parece estar en sus prioridades.
La realidad territorial. Entre el abandono y el desmantelamiento
Las administraciones autonómicas llevan años sin cumplir con la obligación de financiar de manera suficiente a sus universidades públicas. Tal y como se refleja en el estudio realizado por el MICIU, “Radiografía de la financiación de las universidades públicas en España”, para el período 2009-2024:
- Los presupuestos generales de las CC. AA. se han incrementado un 56,2%, mientras que las transferencias corrientes a las universidades lo han hecho en un 21,78% de media.
- Solo se destina a financiar las universidades públicas el 0,49% del PIB nacional.
- Las transferencias corrientes de las CC. AA. a las universidades públicas en este período se ha incrementado en un 21,78%, mientras que el IPC acumulado para ese período es del 29,18%, lo que supone una pérdida media por este concepto, sin contar la insuficiencia de las propias transferencias, de un 7,40%. Si consideramos el PIB autonómico, esta infrafinanciación se multiplica, en algunos casos, hasta por tres.
El resultado es claro:
- Más del 50% de las universidades públicas españolas tienen serios problemas de financiación: o han recibido préstamos de sus CC. AA., sus presupuestos están en déficit o sometidos a planes de ajustes presupuestarios; o, en el mejor de los casos, logran a duras penas cerrar en equilibrio sus cuentas a costa de deteriorar el servicio que se presta y las condiciones de trabajo de las plantillas universitarias.
- El presupuesto ordinario de buena parte de las universidades públicas resulta insuficiente para cubrir con garantías sus necesidades básicas de funcionamiento. El sistema público universitario español se encuentra en una situación de infrafinanciación estructural.
- Ninguna autonomía cumple con la obligación de destinar el 1% del PIB a sus universidades públicas.
- La política universitaria autonómica se mueve entre la infrafinanciación de la universidad pública y la alfombra roja para las universidades privadas. Por primera vez en la historia de este país, el curso 2026-2027 comenzará con más universidades privadas (51) que públicas (50) ofreciendo titulaciones universitarias. Y de las privadas, 26 tendrán ánimo de lucro frente a las 24 no mercantiles, propiedad de la Iglesia o fundaciones sin ánimo de lucro. Desde 2019, de las 16 universidades privadas que se han creado, todas –menos una– tienen ánimo de lucro. El modelo de la universidad como un bien de mercado se ha implantado con el beneplácito de las administraciones que, supuestamente, deben defender el modelo público de universidad.
A esto hay que unir 22 proyectos en proceso de tramitación (ya sea de nuevas universidades o de implantación de centros adscritos en otras CC. AA. de universidades privadas ya existentes).
En este contexto, garantizar una financiación pública suficiente y estable (al menos del 1% del PIB) es imprescindible para mantener la universidad pública como motor de equidad, calidad y competitividad.
