Por ello, exigimos que la salud laboral debe aparecer por derecho propio en el nuevo estatuto docente como garantía de éxito de cara al abordaje de los riesgos que amenazan nuestras seguridad y salud en las aulas.
Si hablamos de riesgos, uno de los más importantes es combatir el alto grado de exposición de los y las docentes a los riesgos psicosociales. Es verdad que se vienen manifestando históricamente en la profesión, pero lo cierto es que han aumentado considerablemente en los últimos años a raíz de la pandemia. Sin embargo, nos encontramos frente a la terrible paradoja de la infradeclaración de contingencias profesionales y, por extensión, el reconocimiento de enfermedades en este ámbito. Este hecho tiene un impacto negativo en la salud docente porque, en demasiadas ocasiones, se registran como enfermedades comunes algunos daños para la salud derivados de la organización del trabajo y esto tiene, sin duda, consecuencias negativas.
A esto tenemos que sumar el papel que está jugando la transición digital.
En este sentido, hay que prestar especial atención al tecnoestrés, por lo que resulta urgente elaborar marcos que favorezcan de manera real la desconexión digital. A su vez, tampoco podemos olvidarnos de otros factores de riesgo tales como la clase social y el género. La precariedad y las dificultades para conciliar, entre otros, son factores añadidos también en el ámbito de la enseñanza. Por ello, necesitamos que se recojan medidas organizativas y de conciliación familiar para reducir los daños.
Además, hay que prevenir otros peligros relacionados con las condiciones de trabajo: la exposición a cancerígenos y mutágenos, los riesgos ergonómicos y los accidentes in itinere.
Por último, hay que proporcionar protección ante los riesgos para la salud derivados de los efectos nocivos de la emergencia climática, con especial cuidado a la exposición a temperaturas extremas y la prevención frente a la proliferación de virus y bacterias causados por el cambio climático.
Para garantizar nuestros derechos, la mejor herramienta es la regulación. Así, necesitamos, por una parte, normativa específica desde una perspectiva prevencionista, para que el daño no se llegue a producir; y, por otro, que se refuerce la formación permanente del profesorado en materia de seguridad, salud y sostenibilidad para enfrentarse a los principales retos con garantías.
El futuro estatuto docente debe ser seguro, saludable y sostenible.
