La defensa de la profesión frente a la gestión algorítmica

LA ENTRADA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) ESTÁ SACUDIENDO LOS CIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO. No solo por la opacidad de los algoritmos que ya intervienen en la gestión de recursos humanos, sino también por el profundo cambio metodológico derivado del uso masivo que hace el alumnado.

La implantación tecnológica avanza a gran velocidad, en un contexto de infrafinanciación crónica y plantillas exhaustas. En ese escenario, la industria tecnológica ha sabido colocar un relato sumamente atractivo: la promesa de un entorno digital mágico donde la burocracia desaparece y se generan situaciones de aprendizaje de manera inmediata.

Sin embargo, tras ese atractivo escaparate, la mirada sindical exige rigor y escepticismo. La digitalización no es una herramienta neutra y, en la práctica, estamos asistiendo a una forma de privatización encubierta que amenaza la autonomía profesional. Se está generando una dependencia creciente de corporaciones que, a través de sus plataformas cerradas, condicionan cómo se enseña e incluso qué se considera conocimiento válido. Esta dependencia drena, además, recursos públicos vitales: parte del dinero que tendría que llegar a los centros educativos acaba engrosando las cuentas de empresas tecnológicas mediante licencias, mientras siguen pendientes medidas estructurales clave como la reducción de ratios o el aumento de plantillas. A esto se suma un coste oculto del que apenas se habla: el enorme impacto medioambiental y el consumo energético desproporcionado que exige el entrenamiento de estos grandes modelos de lenguaje.

Esa misma inercia de fiar la resolución de problemas estructurales a la tecnología es la que enmarca los recientes anuncios del Ministerio de Educación y de la Comunidad de Madrid sobre el desarrollo de herramientas propias de IA. El argumento institucional vuelve a ser la reducción de la burocracia. Pero simplificar el trabajo docente no pasa necesariamente por imponer nuevas pantallas; muchas veces, la solución real es revisar procedimientos absurdos y dotar a los centros de personal administrativo estable. Al precipitarse hacia este solucionismo tecnológico, hasta ahora las administraciones han esquivado contestar a las dudas éticas y legales: la garantía de que sean algoritmos auditables y que eviten sesgos discriminatorios que, como reconoce la propia industria, son inherentes a cualquier IA. Si un algoritmo desarrollado por una Administración pública evalúa el riesgo de abandono escolar basándose en datos históricos sesgados, puede suponer un obstáculo serio para la equidad educativa y social.

Las consecuencias de esta adopción acrítica no se limitan a la equidad del sistema; golpean de lleno las condiciones de trabajo de las plantillas. Si la promesa inicial era liberar tiempo, la realidad es que la extensión de plataformas digitales está generando fenómenos de tecnoestrés y una hiperconectividad que alarga la jornada de forma difusa, sin que existan aún datos oficiales que midan su impacto en la salud laboral. A esta presión se suma la incertidumbre sobre el empleo: la IA abre la puerta a un cibertaylorismo donde el control algorítmico y la eficiencia financiera amenazan con justificar futuras reestructuraciones. Esto es especialmente preocupante en la red privada y concertada, donde la asimetría en la negociación deja a las plantillas más expuestas ante patronales que podrían ver en la IA una vía rápida para abaratar costes, desdibujando el valor irremplazable del acompañamiento humano que realizan el personal docente, los equipos de orientación o el personal de apoyo educativo.

Esta espiral de control algorítmico y deshumanización laboral acaba impactando, inevitablemente, en el eslabón más indefenso del sistema: el alumnado. Si el personal docente pierde autonomía y la tecnología se despliega sin criterios claros de equidad, se refuerzan las carencias de los entornos más vulnerables. Sustituir el razonamiento crítico por la generación automática de respuestas fomentaría la «pereza metacognitiva» que ya alertan los organismos internacionales. Frente a esta deriva, conviene recordar que el aprendizaje requiere interacción, contexto y vínculo; ninguna plataforma puede compensar por sí sola las desigualdades de origen ni ofrecer el soporte socioafectivo necesario para el desarrollo integral.

Dicho esto, la postura sindical no pasa por un rechazo de plano a la tecnología. La IA ha llegado para quedarse y puede facilitar procesos administrativos o servir de apoyo instrumental genuino en el aula. El problema no es la herramienta en sí, sino el modelo corporativo que la impulsa. Para aprovechar sus verdaderos beneficios, la IA debe adaptarse a los tiempos pausados de la educación –reflexión, evaluación formativa y prudencia pedagógica– y no al ritmo acelerado del mercado, respetando siempre los derechos laborales y reforzando la labor docente en lugar de intentar sustituirla mediante automatismos.

Lograr ese equilibrio exige, de manera ineludible, imponer una gobernanza democrática sobre el algoritmo. Exigimos que cualquier sistema de IA que afecte a las condiciones de trabajo se someta a información, consulta y negociación colectiva, garantizando la transparencia, el derecho efectivo a la desconexión y la protección de la propiedad intelectual docente frente a los sistemas generativos. No permitiremos que los materiales elaborados por el profesorado sean absorbidos sin consentimiento ni compensación para entrenar modelos privados de inteligencia artificial, arrebatándole el control sobre su trabajo.

Esta es una defensa coordinada que trasciende nuestras fronteras. A nivel europeo, a través del ETUCE (Comité Sindical Europeo de la Educación), exigimos que la normativa europea –que ya considera la tecnología educativa de «alto riesgo»– no sea papel mojado y se traduzca en evaluaciones de impacto laboral, aplicando el principio irrenunciable del control humano efectivo (Human-in-Command). Las personas deben tener siempre la última palabra sobre las decisiones que afectan tanto al progreso del alumnado como a la organización del centro, evitando que una máquina dicte el destino educativo.

En definitiva, la digitalización no puede desarrollarse al margen de quienes sostienen las aulas. Evitar que la enseñanza quede atrapada en el cibertaylorismo es el gran reto inmediato; nuestra prioridad es garantizar que la tecnología se ponga al servicio de la educación y de las personas, y nunca al revés.

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Carlos Cuesta García-Romeu

Responsable de Políticas LGTBIQ+ y de Digitalización en la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO