De todas las razones que se pueden argüir para llevar acabo una campaña amplia, dinámica y vigorosa, es decir, a la ofensiva, yo me quedo con lo que creo que es la cuestión fundamental en estos momentos, que, aunque pueda parecer muy alejada de la cotidianidad que se vive en los puestos de trabajo y en los centros donde los desempeñamos, es la que considero que engloba el conjunto de los problemas y preocupaciones que como personas trabajadoras podemos tener. Me refiero al modelo de sociedad que se puede abrir paso en un contexto de crisis.
En efecto, estamos en una crisis sistémica que tuvo su punto de inflexión en la crisis financiera de 2008 y que, desde entonces, no ha hecho más que agravarse al sobrevenir la pandemia y ahora la compleja situación energética y la subida de precios.
Dos modelos en disputa
A estas alturas ya nadie puede decir aquello tan canalla de que la crisis se debía a que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Si algo ha quedado claro a estas alturas es que la situación que padecemos es consecuencia de una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza que se genera gracias al trabajo de la mayoría, como demuestra que en los peores momentos aumente groseramente el número de ricos a la vez que se extiende la pobreza, incluso entre aquellas personas que tienen un puesto de trabajo.
Esta realidad, para cuya constatación no hace falta recurrir a sesudos informes de organismos internacionales, sino que basta con mirar nuestra propia situación y la de las personas que nos rodean, pone a debate público con qué políticas económicas, sociales y laborales enfrentarla. Y no hay que calentarse mucho la cabeza. La historia del pensamiento político y económico y experiencias recientes, como fue el “recetario” empleado para gestionar la crisis financiera, nos demuestran que, descartada por el momento la revolución socialista, hay dos maneras: una que aboga por transferir rentas del trabajo al capital, con la peregrina idea de que esta acumulación en manos de unos pocos redunde en el conjunto de la sociedad; y otra que plantea una distribución más equitativa de la riqueza, de manera que esta beneficie a la mayoría de la sociedad, evitando así las bolsas de marginación y exclusión.
Apostar por la primera opción supone repetir lo que hemos sufrido desde 2008: recortes salariales, precariedad laboral, desempleo masivo, debilitamiento de los sectores públicos, aumento de la privatización, desregulación fiscal que favorece a las rentas altas…, medidas que vienen indisolublemente asociadas a un aumento de los valores más excluyentes (individualismo y estigmatización de lo diferente –sea por color, raza, religión o sexo–) y del autoritarismo político. Ideología reaccionaria y política autoritaria, ambas necesarias para imponer medidas antipopulares. En definitiva, unas políticas que, en lo que a nosotros y nosotras nos concierne más directamente, la educación, se han cebado deteriorando las condiciones de trabajo, reduciendo la inversión pública, privatizando y volviendo a unos contenidos y metodologías de corte reaccionario y clasista.
El modelo que persigue mayor justicia y equidad social promueve la creación de empleo de calidad, estable, con salarios dignos y derechos laborales; una fuerte red de protección social que nos dé seguridad a lo largo de toda nuestra vida, basada en unos servicios públicos universales y gratuitos, todo ello financiado con los recursos que procure una fiscalidad progresiva en la que aporte más quien más pueda. Y también tiene aparejados unos valores sobre los que fundamentar la vida en sociedad, como son la solidaridad y la convivencia armónica con la diferencia y una expresión política que no es otra que una democracia plena. Este modelo concibe la educación como un mecanismo compensador de las desigualdades de origen, que aspira a dotar a las personas de los conocimientos, destrezas, hábitos y valores necesarios para ser ciudadanos y ciudadanas libres y responsables.
Esos dos modelos son los que se están disputando en la actualidad y el desenlace depende de muchos factores, pero el fundamental es que haya una relación de fuerzas sociales con su correspondiente expresión política favorable a uno u otro.
Hasta el final
Las elecciones sindicales se enmarcan en esta disputa. En ellas, aunque pueda pasar desapercibido por la cantidad de problemas concretos que hay que resolver, no será lo mismo si se imponen los sindicatos de ideología conservadora y/o reaccionaria –o corporativos– ya que estos, voluntaria o involuntariamente, contribuirán a una salida de la crisis favorable a unos pocos frente a la mayoría.
Para que haya una relación de fuerzas favorable a un modelo de solidaridad y progreso hay que apoyar el sindicalismo que basa su fuerza en la unión de la clase trabajadora, que aporta soluciones concretas a problemas concretos; pero que, a la vez, promueve una sociedad más justa y solidaria en la que la educación es el factor fundamental de su construcción.
Ese sindicalismo lo representa CCOO. Las personas trabajadoras deben saber lo que realmente está en juego y quién está dispuesto a ir con ellas hasta el final.
