Nuestra presencia como sindicato mayoritario en el conjunto de las universidades públicas y los análisis que hemos desarrollado de su situación nos permiten articular nuestra política en torno al binomio negociación-presión con el objetivo fundamental de que la Universidad pública sea considerada como uno de los servicios públicos esenciales que contribuye a garantizar el Estado de bienestar, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Hemos denunciado públicamente, de modo reiterado durante los últimos años, la situación de emergencia en que se halla la Universidad española haciendo especial hincapié en la elitización que está experimentando a nivel del estudiantado, debido al cambio de paradigma propuesto en 2012 por el exministro Wert (incremento desmesurado de los precios públicos y cambio en las becas generales); en los fuertes recortes de financiación realizados por las administraciones públicas (de diferente magnitud dependiendo de la comunidad autónoma); y en la grave precarización que ha sufrido el personal de las universidades, con trabajos temporales y de remuneración exigua, promovidos por los escasos recursos financieros disponibles y por la tasa de reposición de personal.
Hemos focalizado nuestra acción sindical en intentar recuperar lo arrebatado durante la crisis financiera, con importantes acuerdos de disminución de la temporalidad en el empleo público y con la reivindicación constante de la mejora de las condiciones de trabajo, incluidas las subidas salariales, que contribuyen a paliar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo que hemos experimentado. El último acuerdo, suscrito recientemente por CCOO y UGT, permitirá que nuestros salarios se incrementen en un periodo de 13 meses más de un 9%, pudiendo llegar al 9,8%. Por supuesto, somos conscientes de que aún nos falta un camino largo y arduo por recorrer, pero pensamos que en el ámbito universitario la reciente creación de la Mesa Sectorial de Universidades nos permitirá negociar con el Ministerio mejoras sustanciales en las condiciones laborales y configurar plenamente el desarrollo de la carrera profesional, tanto horizontal como vertical, vinculada a la promoción en el propio puesto de trabajo, que debe ir acompañada de incentivos económicos.
Cuando pensamos que tenemos razón en nuestros planteamientos y reivindicaciones, y no conseguimos que nuestras propuestas sean aceptadas por nuestros responsables académicos o políticos, no dudamos en ir a los tribunales. De hecho, en estos últimos años hemos planteado numerosas denuncias y conflictos, entre los que destacamos la sentencia que ganamos en 2017, en la Audiencia Nacional, que abrió la puerta a la posibilidad de evaluación de la actividad docente e investigadora para personal con contratos temporales en las universidades públicas.
Preocupación por el futuro
Nos preocupa mucho el futuro de las universidades públicas y por ello presentamos propuestas y documentos en todas las reuniones ministeriales que mantenemos. En CCOO creemos que la Universidad pública tiene que profundizar en la democracia de su gobierno, por ello nos movilizamos en Córdoba en la apertura de curso 2020-2021 en contra de la propuesta del Ministerio de Universidades en el anteproyecto de la LOSU que establecía que la figura de rector/rectora pudiese ser elegida por un comité de personas expertas y también ser personal ajeno a la Universidad, y que decanos/decanas de facultades o directores/directoras de escuelas pudiesen ser nombrados directamente por rectoría.
En este sentido, hemos realizado varias enmiendas en el proyecto de la LOSU en trámite parlamentario para que se respete la estructura organizativa de la Universidad (facultades/escuelas/departamentos) frente a nuevas estructuras o centros cuya dirección será por nombramiento nominal del rector/rectora, para que haya un mínimo de representatividad de toda la comunidad universitaria en todos los órganos de gobierno o para que los cargos unipersonales puedan desarrollarse en dos periodos consecutivos de elección por sufragio universal de cuatro años cada uno.
Otro paquete de enmiendas presentadas por CCOO al Proyecto de LOSU aboga por una financiación basal que comprenda todos los gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Universidad y que contemple planes extraordinarios de financiación para la estabilización del personal y disminución de la precariedad, y para el rejuvenecimiento de las plantillas.
El bloque más importante está relacionado con el capítulo de personal y comprende desde la redacción de un artículo específico para la Mesa Sectorial de Universidades hasta disposiciones adicionales y transitorias que permitan una adaptación completa y el reconocimiento pleno de las figuras de profesorado actuales, así como una disminución drástica del personal con dedicación a tiempo parcial o el derecho a la indemnización a la finalización de los contratos temporales.
Otros aspectos cruciales para el personal universitario, como son las condiciones laborales y de trabajo, dedicación o las retribuciones del PDI funcionario están empezando a tratarse y a negociarse en la Mesa Sectorial de Universidades, creada en junio de 2022. Para hacernos oír y reivindicar mejoras tanto laborales como retributivas es necesario que CCOO siga siendo el sindicato más representativo en el sector, puesto que nuestra fuerza y nuestras convicciones proceden de la confianza que depositáis en nuestra organización y en las propuestas que elaboramos atendiendo a la pluralidad de nuestras universidades públicas. Nos movemos por el gran impulso que recibimos de vosotras y vosotros, compañeras y compañeros, para construir una Universidad mejor, más democrática, mejor financiada y con personal más reconocido social y económicamente.
