No es una cuestión menor: entre 2021 y 2023, la Inspección de Trabajo detectó 1.598 casos de «falsos becarios», evidenciando un uso fraudulento de la formación para cubrir puestos de trabajo reales.
Tras su paso por el Consejo de Ministros y su publicación oficial en marzo de 2026, el Estatuto inicia un recorrido parlamentario que será una verdadera carrera de obstáculos. Somos conscientes de que los frágiles equilibrios de fuerzas en el Congreso podrían frenar la norma, por lo que la vigilancia sindical será clave para evitar que el texto se guarde en un cajón o sufra recortes. Desde CCOO tenemos claro que este avance, previsto para noviembre de 2026, no está garantizado. Seguiremos presionando para que los grupos políticos estén a la altura y conviertan en ley un marco que es vital para erradicar la precariedad y dignificar el aprendizaje.
Su aprobación supone un avance histórico, empezando por el cambio de enfoque: dejamos atrás la categoría de becario para hablar de personas en formación. Esta idea política y sindical se traduce en derechos concretos que ya no serán opcionales:
- Compensación de gastos: la empresa debe cubrir obligatoriamente los gastos de transporte, alojamiento o manutención.
- Protección social: por primera vez, estas prácticas determinan la inclusión en el sistema de la Seguridad Social.
- Salud y bienestar: se garantiza el respeto a descansos y vacaciones, el acceso a servicios del centro (como comedor o descanso), y la protección total frente al acoso y la violencia.
Para el sector educativo, la clave reside en la tutorización efectiva. El Estatuto establece límites claros: un máximo de cinco estudiantes por tutor (que baja a tres en centros de menos de 30 empleados/as) y un tope del 20% de la plantilla total para personas en formación. Además, se regulan con rigor las prácticas universitarias extracurriculares, limitándolas al 15% de los créditos ECTS de la titulación o un máximo de 480 horas.
Regular bien las prácticas es también cuidar al profesorado, evitando que la formación sea una externalización encubierta de costes empresariales. En un momento donde el sindicalismo lucha por la reducción de jornada para ganar calidad de vida, proteger el tiempo de nuestro alumnado es defender su libertad. El Estatuto no es una concesión: es una deuda pendiente para que formarse no signifique, nunca más, precarizarse.
